Para el fiscal general interino, Warner Molina, la investigación por el caso Aldesa lleva un buen ritmo, sobretodo si se compara con otras presuntas estafas a inversionistas que se indagan, incluso, a nivel mundial.

Pese a su buen pronóstico, reconoce que hay momentos donde la pesquisa se retrasa y, según señaló, eso obedece únicamente a que los propios denunciantes no aportan documentos que guíen de una mejor manera a los investigadores.

Entonces, como no facilitan la información, las autoridades deben empezar desde cero. “Eso obliga a verificar inversiones, a que se tenga que estar revisando evidencia decomisada en el grupo Aldesa y en otros lugares. Obviamente la verificación retrasa un poco, porque lo más viable sería que el propio denunciante aporte documentos para guiarnos mejor a la hora de hacer solicitudes de peritajes”, señaló Molina en una intervención en Corte Plena.

Y es que el punto clave de todo esto es que no se trata de una pesquisa ordinaria, sino que, solo en el expediente principal, hay 20 denunciantes, lo que genera un gran trabajo de investigación. “Algunas aportaron documentos que acreditan las inversiones y los perjuicios. Otras no, así que nos obliga a buscar esos respaldos dentro de gran material”.

Entonces, los investigadores deben revisar la gran cantidad de evidencia, que han recabado desde el 2019 (cuando comenzó a investigarse el asunto), para poder intentar encontrar una prueba que favorezca a la víctima. La búsqueda la hacen en más de 120 cajas que contienen únicamente prueba física, entre otros sitios.

Agregó, el expediente principal se compone de 13 tomos de investigación y 3.605 folios de documentación relevante.

La presunta estafa

El caso Aldesa reventó en marzo del 2019, cuando la Fiscalía recibió una denuncia por presunta estafa cometida por Javier Chaves Bolaños, presidente de Aldesa y quien había sido ministro de Transportes entre el 2002 y el 2004.

Meses después, el Ministerio Público ordenó la detención de Chaves, a quien se le indagó por los delitos de estafa mayor, administración fraudulenta, libramiento de cheques sin fondos, autorización y publicación de balances falsos, autorización de actos indebidos e incumplimiento de deberes.

Tras la indagatoria, el presidente de Aldesa quedó en libertad y, a su salida de los Tribunales de Justicia en aquel momento, aseguró a los medios que lo que tenía era un problema de liquidez que le impidió continuar con los pagos de los inversionistas, pero que eso no significaba que los había estafado.

Sin embargo, la investigación continúa para poder esclarecer qué fue lo que ocurrió.

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