Los costarricenses cada día pierden aún más la confianza en el Poder Judicial. Según el cuarto -y último- informe del Estado de la Justicia, dado a conocer el miércoles anterior, un 59% de los costarricenses entrevistados en el 2020 dijeron tener poca o ninguna confianza en esa entidad.

Los magistrados se mostraron fuertemente preocupados y hasta catalogaron la situación como “grave”. Por ello, en la sesión de Corte Plena de este lunes, el alto juez Jorge Araya, de la Sala Constitucional, promovió un cambio en la agenda para poder ahondar en el informe.

“Recibimos este informe que nos preocupa muchísimo: la grave pérdida de confianza que el informe establece y que estamos dispuestos a volver a generar esperanza necesaria para que el Poder Judicial, de nuevo, se coloque en el lugar de la confianza que el costarricense espera”, apuntó Araya.

Para ello, propuso, se debe generar un acuerdo para enviarle un “mensaje” correcto a la ciudadanía, sobre que se está trabajando en las mejoras correspondientes.

“El acuerdo lo podemos construir entre todos. Podemos decirle a la gente: ‘La Corte Suprema de Justicia toma las siguientes acciones a raíz de la difusión de estos informes y vamos enumerándolo entre todos.

“La primera es el análisis de todos los datos, contrastar datos (…) Si hay datos incongruentes, aclararlos. Luego, pasaríamos a segundo aspecto que habría que mencionarlo en el acuerdo y que sea que la Corte se dedica al estudio sereno y tranquilo para hacer ajustes necesarios para recuperar perdida de confianza que apuntan sectores del país”, apuntó el magistrado Araya.

De inmediato, el presidente de la Corte, Fernando Cruz, aseguró que su plan era proponer ese análisis para de este lunes en ocho (18 de julio) para permitir que todos leyeran, con calma, el informe y así proponer las mejoras. No obstante, aseguró, en caso de que todos sus compañeros estuvieran de acuerdo, podían hoy entrar a conocer el tema.

Las magistradas Julia Varela, Roxana Chacón, Patricia Solano, Luis Guillermo Rivas, Fernando Castillo y Orlando Aguirre, entre otros, mostraron su aprobación a lo solicitado por Araya.

Varela, de Sala Segunda, indicó: “Hay que decir qué se ha hecho y cuál es la ruta para abordar las oportunidad de mejora”.

Por su parte, Rivas, de Sala Primera, no solo apoyó a Araya, sino que aseguró que ya hizo lo propio al pedir una reunión con los encargados del informe para analizar los hallazgos del asunto contencioso, el cual es uno de los más criticados en el documento.

Roxana Chacón, magistrada de Sala Segunda, acotó su anuencia a hacer el cambio de agenda para analizar el informe, pero también hizo una fuerte crítica al documento, al asegurar que “hay un desconocimiento total” por parte de quienes lo realizan.

Ella indicó que en el texto se señala que la Corte Plena concentra muchas facultades y que, muestra de ello, es que en tiempos de pandemia solo allí se tomaron más de 5.000 acciones.

“Me parece que hay un desconocimiento total, porque la Ley Orgánica nos da esas funciones, no asumimos funciones que no nos corresponden, el no hacerlo sería un incumplimiento a lo que dice la ley (…) No hacemos nada fuera de las funciones”, recalcó Chacón.

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