Información elaborada por Daniel Suárez

El Ministerio de Justicia y Paz tiene luz verde para continuar con la licitación de las tobilleras electrónicas, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) declarara sin lugar el recurso de objeción interpuesto por tres empresas.

Las compañías que se quejaron ante el ente contralor son CDI móvil, Telecentinel y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH); esta última es la firma que actualmente brinda el servicio de monitoreo de reos.

Esas empresas objetaron la homologación de los dispositivos electrónicos, los requisitos financieros y el aire acondicionado de la central de monitoreo, señaló la Contraloría.

“Al analizar los argumentos de las partes, la CGR decidió mantener las cláusulas en los términos definidos por la administración y rechazar los recursos planteados”, apuntó el ente por medio de un comunicado de prensa.

Tras la resolución de la Contraloría, el cartel continuará su curso normal. El 10 de agosto se dará por concluido el plazo para recibir ofertas para pasar a la etapa en la que se analizarán. Una vez hecho eso, se adjudicará la compañía que brindará el servicio por los próximos años.

¿Qué ha pasado?

Actualmente, el servicio es prestado por la ESPH. Este contrato fue firmado en el 2016 y tenía vigencia hasta febrero del 2021. En medio del contrato, las tobilleras empezaron a presentar problemas, lo cual desencadenó una serie de dimes y diretes entre la compañía y Justicia.

Incluso, el asunto llegó a judicializarse por un presunto tráfico de influencias.

Una vez superados esos problemas, el ministerio tuvo que afrontar uno más grande: pese a que se conocía que en febrero del 2021 se realizaba un cierre contractual, las autoridades penitenciarias no tomaron las acciones para garantizar la continuidad del servicio.

Debido a que paralizar el monitoreo implicaba una crisis penitenciaria, Justicia corrió para sacar la licitación internacional para adjudicar a una nueva empresa, pero, por mientras, propuso extender el contrato a la ESPH.

Para conseguirlo, el ministerio se amparó en un artículo de la Ley de Contratación Administrativa, el cual permitía prolongar el cuestionado servicio sin tener que pasar por la CGR.

Entonces, partiendo de esa situación, Justicia logró extenderle el contrato por hasta 24 meses, esperando que, antes de ese tiempo, se haya podido adjudicar la nueva firma a cargo de este importante monitoreo.

Sin embargo, el proceso de licitación ha tenido más bajos que altos, ya que, el primer cartel que sacaron fue declarado infructuoso en diciembre del 2021 debido a que hubo falta de oferentes que cumplieran con todos los aspectos.

En un segundo intento, en abril pasado, se publicó el segundo concurso.

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