Un fiscal auxiliar de la Fiscalía de Puntarenas recibió una amonestación escrita por no pagar una deuda que había contraído en el 2017 con una reconocida universidad privada.

Según la resolución Nº 01446 – 2022, dictada a finales de abril por el Tribunal de la Inspección Judicial, el funcionario asumió una deuda al firmar un pagaré por ₡1.016.900, en enero del 2017.

Aquel compromiso indicaba que el hombre debía cancelar el monto en noviembre de ese mismo año; no obstante, eso nunca ocurrió y fue por ello que la universidad interpuso un proceso monitorio el 6 de julio del 2020, para intentar recuperar el dinero prestado. En la demanda, la facultad solicitaba ₡1.108.276, lo cual correspondía al capital más intereses.

El 24 agosto del 2020, el Juzgado de Cobro de Puntarenas, bajo el expediente 20-005299-1207-CJ, previno al fiscal de pagar la deuda, así como que ordenó el embargo de su salario.

Como parte de lo dispuesto por el juez, también se envió un oficio a la Unidad de Deducciones de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial para notificarle del embargo del funcionario.

Tres meses después; es decir, en noviembre, la Unidad de Deducciones comunicó al Tribunal de la Inspección Judicial la existencia del proceso de cobro judicial en contra del servidor.

Lo anterior porque la Ley Orgánica del Poder Judicial advierte, de forma clara, que la falta de pago como deudor principal en una obligación de crédito por parte de algún servidor judicial, constituye una falta contraria al buen proceder que se espera de toda la población judicial

Entonces, tras abrir el proceso administrativo, los altos jueces determinaron que él efectivamente eludió esa obligación sin tener una mayor justificación, con lo cual cometió una falta grave que bien pudo haber desencadenado su despido.

No obstante, Inspección Judicial indicó que se inclinaron por la sanción mínima aplicable: la amonestación escrita, para evitar generarle “un menoscabo mayor” en su condición financiera.

“La medida disciplinaria, tiene como objetivo generar en la persona sancionada, una actitud reflexiva sobre su actuar y la trascendencia de las consecuencias que puede generar su comportamiento no sólo a nivel laboral, sino además, en lo emocional y familiar”, señaló el Tribunal en su resolución.

Justificación a medias

Inspección Judicial explicó en el fallo que la única manera para librarse de una sanción por incumplir con el pago de una deuda, sería que el funcionario tenga una justificación real.

En este caso, el fiscal señaló que tenía cerca de 20 meses de estar incapacitado. Además, dijo, debe dar una pensión alimentaria a una hija suya y mantener a otras dos hijas, quienes necesitan una alimentación y cuidados especiales por padecer diabetes tipo 1.

“Por último, indicó que tiene un embargo en su salario desde el año 2019, lo cual hace que se le imposibilite hacerle frente a la presente deuda”, se lee en la resolución judicial.

La Cámara lamentó las diversas situaciones por la que atravesó el investigado, pero consideró que no resulta posible evidenciar un “claro y contundente interés de la parte incumplidora por no apartarse voluntariamente del pago de esa obligación”. Es decir, para el Tribunal, el fiscal desatendió sus deberes y obligaciones “de forma injustificada”.

No obstante, para no ser ajenos a las distintas circunstancias que rodeaban al servidor judicial, los altos jueces prefirieron apartarse de la máxima sanción, que era el despido, e imponerle una menos fuerte: la amonestación escrita.

Publicidad Aproveche la mejor conexión en Fibra Optica para su empresa con RACSA