Este miércoles el Programa Estado de la Nación presentó el IV informe del Estado de la Justicia el cual evidenció fragilidad en el sistema judicial.
El informe señala problemas de corto plazo, como la reducción de la confianza ciudadana en el sistema de justicia, la caída en la inversión pública judicial asociada a la crisis fiscal y las tensiones del Poder Judicial con otros poderes del Estado.
También revela carencias en el sistema de nombramientos de los magistrados, considerando este proceso como “opaco y arbitrario”
“El agravante es que la integración de esta Corte se realiza por medio de un proceso de nombramiento de magistraturas opaco y arbitrario, cuya responsabilidad recae en la Asamblea Legislativa, tal como lo han señalado el Estado de la Justicia, el Foro de Justicia y la Relatoría de las Naciones Unidas para la independencia judicial. Los diputados y diputadas se han resistido a mejorar este procedimiento de acuerdo con estándares internacionales y con el nivel de consolidación democrática del país.”
El documento además recalca que esta forma de gobernanza persiste desde principios de siglo pasado, y aunque ha sido señalada por muchos, como un riesgo no ha sido posible lograr cambios profundos porque ha enfrentado fuertes resistencias por parte de los magistrados varias generaciones.
El informe también da a conocer una falla estructural interna del Poder Judicial, entre sus fragilidades más fuertes están:
La cooptación: si la Corte es infiltrada, si llega a estar compuesta por personas no idóneas o simplemente sin la talla para gestionar el conglomerado, todo está en riesgo. Muchas de estas decisiones se toman en sesiones que no son públicas, con votaciones secretas y sin registro de razones.
Bajo desempeño: la concentración de funciones en la Corte es una limitación para una eficiente gestión, pues no hay manera de que un cuerpo colegiado pueda cumplir con tantas funciones al mismo tiempo. El resultado es la postergación de medidas para corregir fallas y, con ello, la denegación o retraso de la justicia para las personas.
Por ejemplo, la saturación de asuntos administrativos y comisiones que atienden los magistrados tiene una influencia directa en la gestión de las salas de casación a las que pertenecen, pues presentan duraciones que tienden a empeorar.
Lejanía con las personas usuarias: En el seno de la Corte se generan las propuestas para nuevos códigos, lineamientos de política judicial que son creaciones de ciertos magistrados sin procesos participativos, con canales para que las personas usuarias presenten sus quejas, pero no se sabe qué incidencia tienen sobre las decisiones.
