El diputado Jorge Dengo, con el apoyo de la fracción del partido Liberal Progresista presentaron un proyecto de ley que pretende darle un giro a la forma en que se fijan los precios de los servicios y modernizar el ecosistema de tarifas.

Según comentó el legislador esta propuesta es, hasta la fecha, la más ambiciosa que se ha presentado en el plenario legislativo y busca poner en el centro al consumidor y no al proveedor del servicio.

Dengo afirma: “es un cambio de mentalidad que se alinea con las mejores prácticas internacionales” y asegura que no es un cambio cosmético ya que al introducir competencias al mercado el usuario tendrá mayor información y con esto los precios tendrán un tendencia a la baja.

En el proyecto de ley se pretende que ARESEP pase a ser la Autoridad Reguladora de Servicios Económicos de Interés General (ARESEIG) y no solo de servicios públicos como es actualmente y ante esta modificación, ARESEIG autorizaría una fijación inicial en el precio y luego deberá realizar un estudio de mercado sobre las condiciones de competencia efectiva existentes en el mercado, en caso de no existir distorsiones, no habría mayor intervención sin embargo si no existen las condiciones para la competencia efectiva seguirá con la regulación acostumbrada.

Este proyecto de ley, según comentó el diputado Dengo se basaría en evidencia científica y técnica por lo que se vería reflejado en la busca de la eficiencia y calidad de los servicios.

Dengo también informó que este proyecto de ley responde a las recomendaciones que habían sido presentadas por la OCDE que anteriormente había señalado deficiencias en el modelos de fijación de los precios en el país.

Otras modificaciones.

En este proyecto de ley, también se pretende corregir errores de la legislación actual ya que las empresas prestadoras de servicios en este momento no pueden asegurar sus bienes con una aseguradora que no sea el INS.

El proyecto incluye también una modernización en el sistema de reclamación y las empresas tendrían únicamente 10 días para responder al usuario y si no es así, el caso se estaría elevando a la reguladora que tendrá 30 días para realizar la contestación.

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