Un guarda, de apellidos Campos Martínez, busca bajar una condena que le impuso el Tribunal Penal de Guápiles en el 2021 tras hallarlo culpable del asesinato de su pareja, en Guácimo, Limón.

Se trata del feminicidio de Natalia Mora Padilla, de 36 años, ocurrido en noviembre del 2019. Un agricultor encontró el cuerpo de la mujer, que estaba a un lado de una vía de lastre en Calle Hernández, en Pueblo Nuevo de Guácimo.

Justo dos años después del crimen, los jueces de Guápiles lo condenaron a 20 años de cárcel por el delito de feminicidio. Se dio por comprobado que el imputado y su víctima tenían una relación de convivencia, según se desprende de la sentencia N°. 2022-0720, del 26 de noviembre del 2021.

Sin embargo, para José Salazar Monge, defensor público del acusado, el tipo penal que se le aplicó al guarda no es el que corresponde. Según él, se está frente a un homicidio simple, que se castiga con entre 12 y 18 años de cárcel, y no así ante un feminicidio, cuyas sanciones oscilan entre 20 y 35 años de prisión.

Por ello, Salazar apeló el fallo para conseguir una rebaja significativa en la condena impuesta. Pero, en la resolución N°. 2022-0421 del 23 de marzo del 2022, el Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea rechazó los argumentos de Salazar y, contrario a lo solicitado, mantuvo en firme la responsabilidad penal por el feminicidio.

En desacuerdo con lo resuelto, el defensor tocó las puertas de la última instancia en el proceso penal: la Sala Tercera, para solicitar la rebaja en la condena que se le impuso a su representado.

Según la resolución Nº 00548 – 2022, dictado el 26 de mayo anterior por ese alto Tribunal, el recurso de casación fue admitido para estudio. Es decir, los magistrados entrarán a conocer el fondo del asunto para, más adelante, emitir un criterio y determinar si el abogado lleva o no razón en su postura.

Los argumentos

Como bien se mencionó con anterioridad, el abogado del acusado insiste en que el guarda tuvo que ser juzgado por un homicidio simple y no así por un feminicidio. Pero, ¿cuáles son sus argumentos?

El defensor rememoró que, el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra la Mujer, exige que, para aplicar el tipo penal de feminicidio, debe existir un matrimonio o una relación de unión de hecho, declarada o no.

Estas relaciones se dan cuando son “públicas, notarias, únicas y estables por más de tres años”, establece el Código de Familia.

Sin embargo, en el caso concreto, la víctima y el acusado tenían solamente un año de convivir en una misma vivienda en Guácimo; por ende, insistió, se estaría frente a un homicidio simple, según se lee en la resolución de la Sala Tercera.

Él mencionó que, si bien una reforma que entró a regir el 23 de agosto del 2021 permite aplicar el tipo penal de feminicidio cuando existe una relación de convivencia entre las partes, lo cierto es que la ley no es retroactiva. Es decir, cuando ocurrió este crimen, este no estaba cubierto por esa reforma legal.

Pese a eso, lamentó el defensor, el Tribunal de Apelación de Goicoechea “erró” al asegurar que la víctima y el acusado mantenían una unión de hecho y, por ende, mantener en firme la sentencia por feminicidio.

Ante las circunstancias, la Sala de Casación Penal admitió para estudio el recurso, no sin antes aclarar en la resolución Nº 00548 – 2022: “El juicio de culpabilidad en contra del encartado ha adquirido firmeza y a la fecha únicamente se encuentra pendiente la discusión sobre la calificación jurídica del hecho”.

Acá, una serie de reportajes publicados a finales del 2021 sobre el tema de los feminicidios:

Ley limitó justicia para mujeres víctimas de violencia de género durante más de una década

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Penas de cárcel por femicidio superaron los 35 años por la suma de otros delitos en los últimos años

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“La agredí sin preguntarle ni decirle nada”, relata hombre condenado a 30 años por el femicidio de su pareja

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97 hijos quedaron huérfanos de madre por los femicidios ocurridos en los últimos cuatro años

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