La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Esquivel, dio a conocer este martes los resultados de una investigación llevada a cabo por la auditoría interna del propio ministerio sobre la ejecución del Bono Proteger. Los resultados del informe concluyen que existió una falta de planificación, controles, estudios, criterios técnicos y protocolos.

La propia ministra fue quien solicite el informe con los detalles del estudio con el fin de facilitar las investigaciones judiciales que rodean este caso. El Bono Proteger fue una ayuda económica que la administración anterior otorgó a aquellas personas que vieron reducidos sus ingresos de manera parcial o total por causa de la pandemia Covid-19.

Hallazgos.

La auditoría fue incapaz de encontrar estudios formales que respaldaran la experiencia de la empresa Continum Data Center, con la cual el Ministerio de Trabajo firmó un convenio, para brindar el servicio de manejo de la base de datos del Bono Proteger.

La investigación tampoco dio con evidencia que indicara la existencia de protocolos y procesos para la fiscalización en el otorgamiento de la ayuda, a pesar de que esto fue incluido en el decreto que da vida al Bono Proteger.

En el caso de la implementación del programa informático, el informe demuestra una nula coordinación entre la Administración del momento y el departamento de Tecnologías de Información y Comunicación del ministerio, para solicitar un criterio técnico que validara la compatibilidad del software utilizado y los sistemas del ministerio.

La auditoria también menciona que el sistema nunca fue funcional porque la plataforma no contaba con los parámetros de la población que debía recibir el bono, sino que fue ajustado con las indicaciones que establecía la lista de exclusiones para recibir el Bono Proteger, entre las cuales se encontraban: ser menor de 15 años, funcionarias y funcionarios públicos, personas pensionadas, privados de libertad, beneficiarios de transferencias del Estado y personas con trabajo cien por ciento remunerado.

En cuanto a la base de datos, el informe demuestra que la documentación que se empleó para verificar la idoneidad de los beneficiarios nunca pudo ser accesible para la Administración, ni para la Contraloría General de la República, y tampoco lo fue para la auditoria, esto debido a que la empresa que presto la plataforma no creo las aplicaciones para este fin.

En agosto del año anterior, la Administración de turno, a través de un decreto, realizo un procedimiento de recuperación de recursos, con el cual intentaba establecer una serie de parámetros para verificar la información de los beneficiarios y determinar así, si es factible o no el reintegro de los dineros otorgados.

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