Con el fin de salvaguardar los datos de las organizaciones estatales, el gobierno ha firmado una nueva directriz para fortalecer las medidas de ciberseguridad en el sector público. Con ello se mitigarán los casos de robo, daño o filtración de información.

El principal objetivo de la directriz es garantizar que cualquier comportamiento relacionado con incidentes de ciberseguridad se detecte, registre y gestione con profesionalidad. De esta forma, se limitará el agravio producido por parte de los infractores.

En primer lugar, el Centro de Respuesta de Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR) gestionará las infracciones. Si una entidad detecta un atentado contra su confidencialidad, disponibilidad e integridad, deberá informarlo al Centro para que lo solucionen.

Posteriormente, los contactos especializados en ciberseguridad aumentarán mientras los equipos de tecnologías y el personal se mejorarán. Así, los funcionarios contarán con los recursos, capacidad y conocimiento en seguridad de la información para manejar la situación.

Por último, cada institución realizará procesos de mantenimiento en la infraestructura de telecomunicaciones. Tendrán que actualizar constantemente los sistemas institucionales, cambiar todas las contraseñas, deshabilitar servicios innecesarios y vigilar el estado de red.

Según la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, se espera “facilitar y agilizar la articulación y los procesos de atención y prevención de incidentes informáticos en pro del fortalecimiento de la ciberseguridad del país”.

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