El 14 de junio del 2021 el país amaneció con la noticia de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaba 57 allanamientos de forma simultánea a empresarios y funcionarios públicos por casos de corrupción en obra pública. 

Meco y H Solís, dos de las empresas constructoras a cargo de proyectos importantes de obra pública en el país, fueron parte de las investigaciones, pero también funcionarios de la presidencia, del Conavi, del Mopt y de otras empresas ligadas al sector de la construcción.

El caso trajo consecuencias para la administración como la paralización temporal de obras que hasta ese momento estaban en curso o la suspensión de presupuesto para el mantenimiento de carreteras. Aunque también repercutió en la pérdida de confianza de la ciudadanía del trabajo que venía haciendo el Gobierno en esta área, destaca el politólogo José Carlos Chinchilla.

Calles se mantuvieron sin mantenimiento durante el 2020 debido a falta de presupuesto como consecuencia del caso Cochinilla.

“Esto fue algo muy grave al final del gobierno de don Carlos y que golpeó también al Ministro de Transporte, independientemente de la calidez,  la calidad humana y la confianza que la ciudadanía le ha brindado a él durante muchos años (…) Se vino al suelo cuando aparecen empresas que mantienen un control sobre la dinámica interna de las instancias que está bajo control del MOPT”, dijo José Carlos Chinchilla, politólogo.

Chinchilla señaló que la pérdida de confianza en figuras como el ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, fue un golpe para el Gobierno que desde un inicio tuvo una apuesta fuerte en esta cartera. 

El Gobierno sí le da fortaleza a esta política de obra de infraestructura y realmente resultaba muy exitoso y con un gran efectismo,  no solo lo hacía sino que lo sabían anunciar, y la figura de Méndez Mata, con toda esa solidez y ética que siempre lo acompañó, era una carta de garantía. El PAC le apuesta a la infraestructura, era su caballo de batalla y se cayó en los últimos meses producto de las condiciones de corrupción en las que se vio involucrado”, añadió Chichilla.

Desde la Asamblea Legislativa se instauró la comisión para investigar el caso cochinilla, la cual llevó a cabo 28 comparecencias y planteó una serie de recomendaciones como las reformas institucionales, cambios en los modelos de supervisión, verificación de obras, mecanismos de control, sistemas de planificación y la destitución del ministro Méndez Mata.

“Un gran aporte que hace la comisión es señalar vacíos en nuestro ordenamiento que han favorecido la corrupción, debilidades en el Mopt cuando se creó el Conavi y partieron el Mopt en  dos partes creando este Consejo del Conavi donde están los zorros cuidando las gallinas, donde están las mismas empresas interesadas metiendo mano, la forma en que manejan las licitaciones que favorece únicamente a las empresas, la forma en que todo el modelo está hecho para favorecer la corrupción”, indicó José María Villalta.

Sin embargo, la corrupción que existía en estas instituciones no fue algo que agarró por sorpresa al Gobierno, ya que incluso durante la administración de Luis Guillermo Solís se planteó la promesa de cerrar el Conavi. El entonces ministro de Mopt, Carlos Segnini, se encargó de llevar a cabo este proyecto, el cual no tuvo éxito. Por el contrario, el funcionario tras su salida como ministro en el 2016 dijo que le habían hecho la vida imposible por haber impulsado este proyecto. 

Luis Guillermo Solís impulsó un proyecto para cerrar el Conavi que no tuvo éxito.

“Los intentos para cambiar Conavi probablemente tuvieron una gran presión de estas mismas empresas, que tienen mucho poder político, ya sabíamos que entraban a distintos lugares en las que se tomaban las decisiones con facilidad y creo que esas empresas presionaron para que los cambios no vinieran”, añadió José Carlos Chinchilla.

Por su parte, Lanamme señaló que los problemas financieros que desencadenaron los casos de corrupción pusieron en evidencia la necesidad de un sistema de mantenimiento de carreteras y caminos más eficaz en el país. 

Tengo que decir que en el caso de Cochinilla en un tiempo muy corto después de que se suspendieron los contratos nuestras carreteras empezaron a demostrar un acelerado deterioro, de una manera eso evidencia problemas de construcción y de calidad. Eso evidencia de que no hay malas prácticas en el tema de gestión  porque cuando se hace una gestión con buena planificación de los proyectos la carretera tiene que tener un nivel de resiliencia”, aseveró Ana Luisa Elizondo, coordinadora general del Programa de Infraestructura del Transporte, Lanamme.

El caso Cochinilla marcó la labor de este Gobierno, pese a que se llevaron a cabo esfuerzos importantes en obra pública, ahora para el presidente electo, Rodrigo Chaves, serán un reto.

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