La importancia de la buena elección del próximo Fiscal General no solo radica en que será la persona que establecerá el norte de las investigaciones de los casos de mega corrupción ventilados en los últimos años.

Una adecuada elección también es necesaria porque la cabeza del Ministerio Público es quien maneja de pies a cabeza todo lo que ocurre a lo interno, principalmente la política de persecución criminal del país. Es decir, el Fiscal General decide qué delitos tienen prioridad y el cómo se persiguen esos delitos, sin tener que dar a nadie ni tan siquiera un porqué.

En efecto, Evelyn Villareal, coordinadora del Estado de la Justicia, describió los alcances del fiscal general como absolutos y, porqué no, hasta peligrosos. “La Fiscalía General tiene la potestad de dictar las políticas que van a decir qué casos entran y que no o cómo se administra esa institución. Imagínese que el fiscal puede reorganizar todo el Ministerio Público. Tiene esa potestad de reorganizar sus recursos, de decir a dónde se gasta el presupuesto, de la contratación directa de emergencia de todos los fiscales, puede cambiar fiscales adjuntos. Imagínese el poder enorme que tiene para la gestión de la institución”.

Inclusive es tal el poder que tiene el fiscal general que decide, por ejemplo, si consulta o no al Consejo Fiscal para tomarle criterio en alguna decisión importante, detalló Villareal. Es decir, no existe la manera de hacer un contrapeso a lo interno.

Con ella coincide el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien califica al jerarca de la Fiscalía como una especie de “todopoderoso”, ya que es la cabeza de una institución sumamente verticalizada.

“Es una condición donde el fiscal concentra todas las potestades básicas, tanto la acusatoria, como el principio de jerarquía”, apuntó Cruz.

Por ello, es que para el exmagistrado José Manuel Arroyo es tan importante que llegue alguien que no deba favores ni tenga padrinos políticos, ya que eso tiraría al piso la independencia de este órgano acusador.

Sobre esto, Arroyo mencionó: “Lo que hay que hacer es un esfuerzo por el bien del Poder Judicial de sobreponerse a esos intereses de facciones y de sectores interesados en una persona para escoger a la persona idónea por encima de intereses. Que no sea una persona que le deba el puesto a alguien, que no se deba a ese grupo de magistrados, que no le agradezca la gracia de nombrarlo porque estaríamos en un rumbo peligroso”.

Eso sí, más allá de quien quede en ese cargo, el magistrado Cruz aseguró que, a su criterio, es una situación que se debe cambiar en un futuro cercano, ya que toda una entidad no puede ni debe depender de una sola persona.

“Eso habría que corregirlo con el tiempo, porque a mi me parece que la institución no debe depender tanto de una sola persona, debe tener esa concentración jerárquica pero no debe tener la concentración tan excesiva que tiene el fiscal general en este momento. (…) Supondría entonces que el fiscal general es el todopoderoso y por eso es importantísimo el nombramiento, pero si el fiscal tiene una determinada orientación o muchos errores, la fiscalía no funciona lo que debiera. Debiera tener mayor institucionalidad”, indicó Cruz.

Ser el Fiscal General de la República no solo conlleva una gran responsabilidad, sino que es uno de los puestos de mayor valor estratégico en el sistema democrático. Con su voluntad y criterio un Fiscal General puede impulsar o frenar investigaciones contra personas de alto poder político o económico y tiene la capacidad de alterar el equilibrio entre los poderes. Por ello, la transparencia y el buen tino de quienes lo escogen, deben privar en este proceso, sobre todo en tiempos en donde su palabra es casi la ley.

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