La lista de procesos internos que han afrontado los candidatos al máximo puesto de la Fiscalía General es extensa y varios, incluso, terminaron con sanciones graves, tal como observamos ayer en la segunda entrega de este reportaje.

Pero también hay otras causas que, tras realizar la investigación, terminaron por favorecer a los aspirantes y fueron desestimadas; es decir, se les libró de toda culpa.

Uno de los casos más mediáticos fue el de Jorge Araya Jiménez, quien fue cuestionado por no apelar la excarcelación del dueño de la empresa Casas Vita. Esa compañía había sido denunciada en el 2019 por una supuesta estafa con la venta de propiedades en un condominio.

Sin embargo la falta de pruebas en su contra desencadenó que fuera exonerado de toda responsabilidad en febrero del 2020.

“El voto de Inspección Judicial dice que la acción mía no puede ser sujeta de sanción disciplinaria. No se puede cercenar a un fiscal la posibilidad de ejercer y de tener criterio jurídico y por eso se me quería sancionar: por tener criterio. La ley es clara y la Inspección Judicial le dice al órgano que me abrió la causa: pedirle a un fiscal qué debe hacer en una audiencia es cercenar su autoridad y su criterio jurídico”, recalcó Araya en entrevista con este medio.

En agosto del 2019, cuando Araya estaba como juez en el Juzgado Penal de Puriscal, tuvo otro problema. En un acta del Consejo Superior se lee que el coordinador de ese despacho se quejó ante la Inspección Judicial porque el funcionario se negó a realizar una audiencia de medidas cautelares.

Sin embargo, Araya aseguró que la prueba, principalmente, testimonial se trajo abajo lo expuesto por el coordinador y así se volvió a librar de un fallo en su contra.

Él también había sido cuestionado en el 2011 por dejar en libertad a un imputado que se fugó. En un primer momento, fue suspendido dos meses sin salario pero tras una apelación logró que se desestimara.

“Esa sanción nunca se materializó o nunca quedó en firme por dos cuestiones básicas: la Constitución Política establece que los jueces no pueden ser sancionados por las resoluciones que dicten porque ese es el trabajo de un juez. Las resoluciones del juez se atacan por medio de procedimientos que dicta la ley. No es posible que una resolución sea corregida a través de un órgano administrativo, no tiene competencia”, apuntó Araya.

Otra investigación que fue altamente conocida fue la de Edwin Retana Carrera, cuando él era el Fiscal Adjunto de Alajuela. A él se le cuestionaba por la detención del entonces alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, por un presunto otorgamiento ilegal de patentes de licor.

A él se le cuestionaba por la cercanía con la entonces exvicealcaldesa de ese cantón, Dinorah Barquero Barquero, con quien Thompson mantenía roces políticos. Y se le señaló porque la captura ocurrió 44 horas antes de que Thompson fuera ratificado como candidato para reelegirse en el cargo.

El Poder Judicial indicó que lo investigaría porque sus acciones podían afectar los deberes de transparencia, objetividad y probidad, pues él conocía que en la dependencia a su cargo se tramitaba un expediente contra Thompson. Al final, desestimaron la causa.

“Lo curioso es que tiempo después, Inspección Judicial en una resolución que emite dice que actuación estuvo apegada a derecho y no había ni siquiera motivo para la apertura de un proceso disciplinario. Vean ustedes, todo fue un escándalo político en aquel momento pero que al final de cuentas la actuación fue a derecho”, apuntó Retana.

Otro aspirante que afrontó gran cantidad de procesos fue Édgar Ramírez Villalobos, quien es el actual Fiscal Adjunto de Pérez Zeledón. Entre el 2014 y el año anterior, se abrieron nueve expedientes en su contra, de los cuales ocho fueron desestimados. Se intentó conversar con él sobre estas pesquisas, pero declinó a brindar una entrevista.

También fueron exonerados de causas internas el fiscal Carlo Díaz Sánchez, el Fiscal General interino Warner Molina y el exfiscal subrogante Guillermo Hernández Ramírez. También se buscó conversar con ellos, pero los dos últimos prefirieron no referirse al tema.

Pero este tipo de desestimaciones en el Tribunal de Inspección Judicial no es asunto nuevo. En el Segundo y Tercer Informe del Estado de la Justicia se hablaba de que la mayoría de las quejas interpuestas contra los funcionarios judiciales terminan en nada. 

Lo anterior se debe a que los inspectores determinan que son quejas originadas por pugnas internas o porque ese tribunal no tiene las herramientas para poder amarrar los casos.

No solo se trata de que tiene pocos inspectores y que hay también un bajo presupuesto, sino que, para empezar, el nivel de independencia de ese órgano es dudoso, ya que son nombrados por los magistrados, según dijo Evelyn Villareal, coordinadora del informe.

“No tiene la independencia necesaria para actuar. Lo primero de independencia es importante mencionar que los jueces que componen este Tribunal son nombrados por la Corte Suprema de Justicia. Esto es como una oficina adjunta a la Corte y también pueden ser removidos por la Corte. Ahí hay un primer riesgo de independencia porque el nombramiento es de confianza de los magistrados”, explicó Villareal.

Además, las herramientas para investigar denuncias internas son escasas.  Al no tratarse de asuntos penales, los investigadores no pueden ingresar a las computadoras de los propios funcionarios, ni tomar como prueba lo grabado por las cámaras dentro del Poder Judicial, según Villareal.

Entonces, las denuncias que sí tienen razón de ser, aunadas a las que son para obstaculizar la carrera de otro, saturan a los inspectores y, generalmente, se corre el riesgo de que prescriban, ya que el tiempo máximo de resolución es de un año.

Sobre esto, la presidenta del Tribunal de Inspección Judicial, Siria Carmona, indicó que la mayoría de las quejas se originan porque el usuario está inconforme con el trabajo de un fiscal o un juez dentro de un proceso penal. Sin embargo, por ser un órgano administrativo, ellos no tienen competencia y deben desestimar las causas.

Por ello, para Carmona, el hecho de que alguien sea acusado ante Inspección Judicial no significa que se le deba señalar. Primero, debe hacerse el proceso administrativo necesario para poder conocer, de forma objetiva, si es o no responsable de lo que se le señala.

“No por el hecho de que una persona servidora judicial sea acusada por una falta disciplinaria, al igual que otro procesado tiene derecho a recibir un trato objetivo, a escucharle ante nueva queja. Nosotros investigamos y tras la valoración objetiva imparcial del órgano decisor se determina si procede o no la sanción”, concluy´ó.

Puede encontrar las otras entregas de este reportaje:

Ocho candidatos a Fiscal General arrastran graves investigaciones en su contra

Homofobia y negligencia desencadenaron fuertes sanciones a candidatos a Fiscalía General

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