Ocho de los once candidatos con mejor calificación para el puesto de Fiscal General de la República, arrastran graves cuestionamientos y en algunos casos hasta fueron castigados con fuertes sanciones administrativas, tal como vimos ayer en la primera entrega de este reportaje.
Ocho candidatos a Fiscal General arrastran graves investigaciones en su contra
Pero ¿cuándo fueron abiertas esas causas, de qué trataban y en qué terminaron?
Por ataques relacionados a la población sexualmente diversa, el juez notarial Francis Porras León recibió la sanción más gravosa: el despido. En enero pasado se ejecutó este castigo, luego de que quedara en firme el interés “indebido” que tuvo al buscar anular un matrimonio gay.
Este hecho se dio en mayo del 2020, cuando el activista Marco Castillo se casó con su pareja Rodrigo Campos. El jurista argumentó que esa unión se efectuó un día antes de la entrada en vigor del matrimonio igualitario. No obstante, sus justificaciones no fueron de peso y se ordenó su destitución.
El asunto no termina ahí. Seis días antes de conocerse esta sanción, trascendió que el mismo órgano le impuso cinco días sin goce de salario por emitir, desde su investidura, criterios en contra del matrimonio del mismo sexo.
Por eso, su postulación fue mal recibida por la población sexualmente diversa, representada por Marco Castillo, quien envió una carta a la Corte Suprema de Justicia mostrando su preocupación.
“Tiene que nombrar a una persona justa y que sea una persona con criterio amplio y sin prejuicios. Nombrar al juez Porras sería de los errores más graves”, apuntó Castillo.
Trece Costa Rica Noticias intentó obtener un criterio de Porras para este reportaje, pero no fue posible localizarlo.
Por asuntos homofóbicos, Edwin Retana Carrera también fue procesado. Cuando él era el Fiscal Adjunto de Cartago, fue condenado por decirle “mariconcito” a un subalterno en el 2012.
En setiembre del 2013, lo suspendieron un mes sin goce de salario. No obstante, él presentó una apelación ante el Consejo Superior del Poder Judicial y, en octubre del 2014, le rebajaron la sanción a ocho días sin remuneración.
Según se lee en un acta del Consejo Superior, Inspección Judicial declaró con lugar la queja al considerar que se evidenció “una conducta agresiva y homofóbica del encausado para con el ofendido, situación que no se puede obviar, ignorar o aceptar”.
Pese a la sanción impuesta, Retana mantiene que esos hechos nunca ocurrieron.
“A través de mis años de servicio, he trabajado con muchas personas con diversidad sexual. Para mí, han sido excelentes funcionarios, con quienes he trabajado amigable y eficaz. No soy homofóbico ni tengo ningún tipo de discriminación hacia este tipo de población. Si bien es cierto Inspección Judicial lo consideró así, siempre planteé la defensa de que nunca había hecho esos actos discriminatorios. Lo negué en aquel momento, lo niego hoy y lo seguiré negando siempre”, señaló Retana.
Otra de las situaciones que generó castigos en contra de algunos candidatos al máximo puesto de la Fiscalía General fue la negligencia en sus respectivos puestos, ya fuera como fiscales o como jueces.
En 2014, cuando era fiscal, Andrés Olsen fue suspendido cinco días sin salario por la pérdida de un CPU que era evidencia en una investigación penal, mientras que en el 2018 fue sancionado con un día sin remuneración por dejar prescribir un expediente penal en la Fiscalía de Guápiles.
El ahora juez penal dijo que, aunque han pasado muchos años de esas sanciones, continúa luchando por limpiar su expediente y por ello, acudió al Juzgado de Trabajo para presentar ambos casos. Asimismo, aseguró que estas manchas en su expediente no deben afectar a su candidatura.
“Considero que de haber cometido algún error, si a mi de verdad me achacan algo porque hice algo con una intención o de forma negligente, que provoque un daño irreparable, tengan la plena seguridad que presentaré mi dimisión. Pretender ángeles querubines en puestos que tenemos que realizar seres humanos, es materialmente imposible”, aseveró Olsen.
Por último, el juez notarial Francis Porras no solo fue señalado por conductas homofóbicas, sino porque entre el 2016 y el 2017 tuvo un “retraso injustificado de expedientes”. Por ello, en mayo del 2021, el Consejo Superior mantuvo una amonestación escrita en su contra.
Sobre esto, José Manuel Arroyo, exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que, por el bien del país, espera que personas que han sido cuestionadas y sancionadas no tengan ninguna oportunidad de ser electos.
“Yo recuerdo que cuando fui miembro de la Comisión De Nombramientos y, la presidí como vicepresidente, recuerdo que a rondas finales no iba nadie que tuviera una sanción en el Colegio de Abogados o una sanción ante Inspección Judicial. Espero que esto no haya cambiado porque se estaría dejando de hacer una de las cosas más importantes”, enfatizó Arroyo.
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