Cemento chino, caso UPAD, Cochinilla, Azteca y Diamante. Esos son, por mencionar algunos, los casos de corrupción más grandes que han manchado el escenario nacional en los últimos años y los cuales dentro de poco estarán en manos del próximo Fiscal General de la República.

La tarea del futuro jerarca del Ministerio Público no será sencilla. Una vez que sea escogido, deberá definir si acusa o no esas causas que no solo deterioraron la confianza en el Estado y en el sistema judicial, sino que también le han dejado al país daños colaterales tan importantes como la paralización casi total de las mayores obras viales.

Pero sus desafíos no terminan allí. También tendría que liderar las investigaciones penales que se tramitan en contra de los magistrados y de los diputados recién electos.

Eso provoca que la selección de este Fiscal General sea, probablemente, una de las más delicadas que se han hecho en la historia reciente de la Fiscalía. Por ello el Poder Judicial prometió total rigurosidad en este proceso que ocurre luego de que, en cuestión de cuatro años, los dos últimos jerarcas del Ministerio Público salieron de sus puestos bajo fuertes cuestionamientos éticos y jurídicos.

Emilia Navas, exfiscala general, se acogió en agosto pasado a su pensión tras recibir críticas por inhibirse reiteradas veces en delicadas investigaciones judiciales.

Mientras que, en el 2017, el exfiscal general Jorge Chavarría se acogió a su jubilación luego de ser fuertemente cuestionado por la forma en cómo la Fiscalía solicitó a la Sala Tercera desestimar dos causas relacionadas al cemento chino en las que estaban involucrados altos personajes de la política y la justicia.

Por la delicadísima coyuntura que rodea esta elección para la Fiscalía General, Trece Costa Rica Noticias indagó en los antecedentes de los candidatos y descubrió que ocho de los aspirantes a Fiscal General cargan en sus expedientes numerosos cuestionamientos. 

Esos ocho aspirantes a la fiscalía general han afrontado, al menos, 27 procedimientos en los últimos años y, en algunos de ellos resultaron fuertemente sancionados. 

Uno de los que aspiran al cargo de Fiscal General, por ejemplo, fue destituido de su puesto porque cometió una falta gravísima al intentar anular el matrimonio del activista gay Marco Castillo, con su pareja, Rodrigo Campos. Esta sanción quedó en firme y se ejecutó el 31 de enero pasado.

Otro aspirante fue castigado con ocho días de suspensión sin goce de salario cuando era Fiscal Adjunto de Cartago, en el 2012. A él se le sancionó por llamar “mariconcito” a un subalterno.

Mientras que, en el 2014, otro de los concursantes a la Fiscalía General fue suspendido cinco días sin salario de su puesto como fiscal al ser encontrado responsable de perder una computadora que era evidencia en una investigación penal. 

Otro fue investigado por haber cambiado la medida cautelar de prisión preventiva a un estadounidense, quien, luego de ser liberado, se dio a la fuga impidiendo su sometimiento a la justicia.

Para el exmagistrado y exvicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo, candidatos con cuestionamientos administrativos no deberían de formar parte de este concurso, ya que, a su criterio, quien ocupe ese alto puesto debe ser alguien con una “trayectoria intachable”.

“Fatal, lo peor que le puede pasar al Poder Judicial y al país. (…) La justificación fundamental para cumplir con una buena labor de persecución penal tiene que ser que el persecutor sea alguien intachable. No puede ser de otra manera, porque o sino se deslegitima la trayectoria. Desgraciadamente en el país se ha puesto gente en altos cargos que exhibía antecedentes disciplinarios graves y claro que eso no solo proyecta una imagen inconveniente para el Poder Judicial sino que tiene un efecto desmoralizador a lo interno de la institución”, indicó Arroyo.

De ese criterio se aparta un poco Fernando Cruz, presidente de la Corte, quien aseguró que una sanción administrativa no es para él un motivo de exclusión del concurso. Eso sí, advirtió que son elementos que se deben considerar a la hora de tomar una decisión.

“No habría una razón para excluirlos. Pero claro que es un tema a considerar: la pertinencia o no de su nombramiento. El nombramiento tiene una parte de elementos objetivos y otra de elementos de valoración o apreciación. El sistema se inclina por una discrecionalidad, una valoración muy flexible sobre los criterios para elegir”, apuntó Cruz.

Sobre esto, la Dirección Humana del Poder Judicial explicó que la Comisión de Nombramientos, como primer filtro, sí hace un recopilado de todos los asuntos administrativos para, luego, poder informarle a Corte Plena, quien hace la elección final del próximo fiscala general.

Pero, antes de llegar a ese punto, ese departamento hizo la preselección, entre las cuales resaltaban las únicas dos mujeres que formaban parte del concurso. No obstante, en el camino, ambas presentaron su renuncia formal y abandonaron la posibilidad de convertirse en la próxima fiscala.

“En la etapa de sociolaboral y antecedentes hay todo un estudio de todas las relaciones a nivel de su ámbito de acción laboral como familiar y ahí es donde se identifica cualquier tipo de situación que se considere que va en contra del perfil que se está evaluando (…) Ellos tienen conocimiento de las mismas y depende del origen y las consecuencias ellos valorarán el peso que les puedan dar”, señaló Roxana Arrieta, directora de ese departamento.

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