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  • Entre 2018 y 2021 se registraron 215 muertes violentas de mujeres, de ellas solo 74 fueron consideradas como femicidios.

Primera parte. Femicidios: Heridas para toda la vida.

Por Rita Valverde Villalobos.

A Natali Madriz Chinchilla la asesinaron un mes antes de cumplir 39 años. Era madre de dos hijas. Su cuerpo apareció dentro de una bolsa de basura, atado con un cable telefónico, en un edificio de apartamentos en San Pedro de Montes de Oca, el 15 de junio del 2019.

Una cámara de seguridad captó el momento en que dos sujetos la invitaron a ingresar a unos cuartos. Horas más tarde, aparentemente después de asesinarla, en las cámaras se observa a estos hombres sacar una bolsa de basura y depositarla debajo de unas gradas. Ahí se encontró el cuerpo de Natali. 

Ya han pasado dos años desde entonces, pero la muerte de esta mujer continúa impune. 

Por el crimen hay dos hombres imputados: Uno de apellidos Bolaños Cruz, de 22 años, quien como medida cautelar debe tener un domicilio fijo en Guanacaste y presentarse a firmar cada 15 días en la Fiscalía de Liberia. 

El otro, de apellidos Ramírez Campos, tiene una orden de captura internacional emitida por la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público. Es de origen salvadoreño y las autoridades presumen que se encuentra en ese país. 

La muerte de Natalie es un caso claro de violencia de género,  sin embargo, no se registró como femicidio ni tampoco será juzgado como tal. 

Los sospechosos de la muerte de Natali Madriz continúan sin afrontar la justicia. Foto: Cortesía de Karol Madríz.

Antes de una reforma legal que se dio este año, la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres establecía que para considerar un caso como femicidio debía existir un matrimonio o una unión de hecho entre la víctima y el asesino. 

La reforma que se dio el pasado 23 de agosto amplió ese concepto a cuando  el autor se aproveche de una relación o vínculo de confianza, amistad, parentesco, autoridad o de una relación de poder que tuviera con la víctima. 

Otros escenarios contemplados en la ley van desde las relaciones familiares, laborales, estudiantiles, comunitarios, religiosos hasta donde hayan habido antecedentes de violencia en los que medie una denuncia o no. 

La muerte de Natali y de muchas otras mujeres encajan en esa descripción; son femicidios, pero por haber ocurrido antes de esa reforma, las estadísticas y los archivos judiciales no los registran así. Según esos expedientes, son homicidios, como si fuesen un número más entre los cientos que ocurren cada año. 

Entre 2018 y 2021 se registraron 215 muertes violentas de mujeres, de ellas solo 74 fueron consideradas oficialmente como femicidios, según los datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, lo cual  provocó un subregistro de la cantidad real de casos de violencia contra las mujeres. 

Muertes como la de Luanny Salazar, Allison Bonilla y María Luisa Cedeño, casos mediáticos, fueron considerados femicidios en los medios de comunicación, pero no así en su calificación técnica como delito, debido a la limitación en la definición del concepto antes del cambio en la ley. 

No se puede juzgar a estos casos como lo que son, femicidios, pues la ley no es retroactiva y no se puede aplicar a hechos cometidos antes de su aprobación, explicó Amanda Segura, abogada penalista del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).  

“La reforma de la Ley de Violencia contra las Mujeres aplica solo para los casos después del 23 de agosto del 2021, momento en el que se firmó la ley. Todos los casos previos aplican con la legislación anterior porque en Costa Rica no se pueden aplicar leyes anteriores al momento en que ocurrieron los hechos”, detalló Amanda Segura, abogada. 

En estos casos, entonces, las autoridades judiciales valoran si serán juzgados como homicidios simples u homicidios calificados. 

“Si no había una relación estable o un matrimonio era un homicidio simple. Hay que ver la circunstancia en particular para ver si fue particularmente violenta, si hubo muchas puñaladas o si hay alevosía, que significa que hay antecedentes de una violencia de género sostenida en la relación. Es decir, fue violento durante muchos años, ella no podía salir de ahí y eso podría considerarse como un homicidio calificado”, detalló  la abogada del Inamu. 

Calificarlos o no como femicidio es vital a la hora de que los jueces deben establecer la pena que se le debe imponer a quien haya cometido el crimen. Por ejemplo, las condenas por homicidio simple van desde los 12 a los 18 años de prisión; mientras que las penas de por homicidio calificado o femicidio casi se duplican, ya que van de los 20 a los 35 años de cárcel. 

“En general, cuando se mata a alguien, la forma en que se hace puede hacer que ese homicidio suba la pena y sea calificado. Por ejemplo, si es una violencia extrema, si el sufrimientos fue más allá del necesario para matar, si se hace con venenos, todo esto hace que sea agravado”, detalló Amanda Segura. 

De haberse investigado bajo la legislación actual casos como los de Natalie Madriz, Maria Luisa Cedeño, Luanny Salazar, Alisson Bonilla y otros, sí serían considerados como femicidios, lo cual permitiría visibilizar la problemática de violencia contra las mujeres y elaborar políticas públicas, coinciden varias personas expertas consultadas. 

Ley salda deuda histórica 

La madre de Natali, Flora Chinchilla,  y Patricia Zamora, madre de Luanny,  lamentaron que las muertes  de sus hijas no se pueda juzgar como tales, aunque para los futuros casos será una legislación muy útil. 

“Es gratificante saber que ellas pagaron con la vida, pero que a futuro muchas se van a ver beneficiadas con esa ley. Yo digo que es la ley de Luany. Nos reconforta saber que no va a pasar lo que pasó con nosotras porque si esta ley hubiera estado cuando mataron a nuestras hijas el resultado final del juicio hubiera sido otro, no ese tan desilusionante que tuvimos”, comentó Patricia Zamora.  

Familiares de las mujeres víctimas de la violencia de género pidieron más justicia y menos impunidad frente a los Tribunales de Justicia el pasado 23 de agosto. Foto: Rita Valverde.

La ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero, comentó que la reforma legal salda una deuda histórica con las mujeres. 

“Es una deuda histórica, las mujeres que han sido víctimas de una muerte violenta que no puede ser calificada como femicidio con una pena de hasta 35 años en lugar de una pena de homicidio, obviamente alivia el sentimiento de impunidad y alivia sobre todo, el alcanzar justicia”,  indicó Guerrero. 

La ministra añadió que es un hecho histórico debido a que un 60% de las muertes violentas que pueden o pudieron haber sido procesadas como femicidio, han sido calificadas como homicidios, en muchos casos homicidios simples.

Cantidad de femicidios según provincia:

 Colaboró: Rigo Carvajal, analista de datos del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Segunda Parte: Penas de cárcel por femicidio superaron los 35 años por la suma de otros delitos   

Tercera entrega: “La agredí sin preguntarle nada, sin decirle nada”, relató hombre condenado a 30 años por el femicidio de su pareja 

Cuarta entrega: 97 hijos quedaron huérfanos de madre por los femicidios ocurridos en los últimos cuatro años

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