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El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) no podrá aplicar ninguna sanción a los funcionarios públicos y colegiados cuyos nombres forman parte del caso judicial Cochinilla, según lo reconoció el director ejecutivo, Olman Vargas.

El CFIA anunció en junio anterior que iniciarían una investigación contra los agremiados (profesionales del Consejo Nacional de Vialidad y las empresas H-SOLÍS y MECO) con el fin de identificar faltas o incumplimientos en las ´prácticas constructivas y a nivel ético.

Sin embargo, tras consultarles por los alcances que podrían tener esta investigación, Vargas respondió que no tienen la potestad para aplicar sanciones a los funcionarios públicos lo que implica que ellos seguirán ejerciendo la colegiatura con normalidad.

“Los ingenieros y arquitectos que están en la función pública no podemos aplicarles sanciones. Hay un voto de la Sala Constitucional que inhibe al Colegio a aplicarles sanciones porque indican que tienen que ser las instituciones del Estados las que valoren sus actuaciones y tomen las decisiones al respecto”, precisó el director del CFIA.

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Añadió que lo que sí podría hacer el colegio es colaborar –si el MOPT o el Conavi solicitan la colaboración del CFIA– con aspectos técnicos como la interpretación de informes.

Olman Vargas señaló que a las personas implicadas, pero que no sean funcionarios públicos, sí les podrían poner algunas sanciones por periodos determinados.

“Normalmente las sanciones tienen que ver con el retiro de la licencia para poder ejercer como profesionales en ingeniería, en arquitectura o empresas en el ámbito de la construcción. Se les retira la licencia por periodos de tiempo según la gravedad de la falta”, dijo.

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La investigación que abrió el CFIA se basa en informes que realizó el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) sobre obras públicas; sin embargo, apenas alcanza un 25% de avance por lo que los resultados no se obtendrán a corto plazo.

Los allanamientos por el caso Cochinilla se realizaron el pasado 14 de junio, en esta investigación están involucrados funcionarios públicos y empresarios por presunta corrupción en las contrataciones de obra pública.

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