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Fundación Omar Dengo recibiría $5,6 millones en cinco años por realizar tareas que le corresponden al MEP en implementación del proyecto

La Contraloría General de la República (CGR) le ordenó al Ministerio de Educación retomar el desarrollo del proyecto de la Red del Bicentenario e instruir a la Fundación Omar Dengo para que suspenda de forma inmediata –en un plazo de 24 horas– cualquier acción vinculada con el mismo.

Además, el ente contralor le otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que presente un plan con las acciones para asumir directamente las competencias vinculadas a la red.

La orden se giró luego de encontrar “inconsistencias legales y técnicas” en el traslado de responsabilidades que el Ministerio le otorgó a la Fundación Omar Dengo y que incluía el pago de  $5,6 millones a esa organización por su figura como administrador. 

La Red Educativa del Bicentenario es un programa que busca conectar todas las escuelas y colegios públicos del país a una red de banda ancha de alta velocidad. De esta forma se procura cerrar la brecha digital y dar igual oportunidades de conexión a todos los estudiantes del país.

Los recursos para el desarrollo de la red provienen del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) el cual cuenta con un presupuesto estimado de $170 millones para su ejecución.

Precisamente, mediante un acuerdo firmado en febrero de este año, la Fundación prácticamente obtiene todas las responsabilidades del desarrollo y administración del proyecto, lo que incluía el plan de costos entre los que se aprobó el pago a la Fundación de un 8,26% de la inversión del proyecto por cargos administrativos; aunque se trataran de tareas que debería de desarrollar el MEP por ley. 

“Se advierte que, independientemente de las acciones que se ejecuten, el MEP deberá garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones de acuerdo con las opciones que actualmente utiliza el MEP, las cuales, según lo indicado por la Administración, permiten la conexión de 4.821 centros educativos”, aclaró la CGR.

La orden no se refiere a las actuaciones del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en relación a su designación dentro de la REB en razón de la meta dispuesta en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, motivo por el cual su continuidad y ejecución no se ve afectada. 

Pese a que desde días atrás Costa Rica Noticias había coordinado una entrevista con la Fundación Omar Dengo para abordar el asunto, la canceló esta misma mañana y dijo no se referirán al tema por el momento.

Entre tanto, el Ministerio de Educación informó se pronunciará en las próximas horas.

Largo camino

Pese a que el convenio de colaboración entre el MEP y la Fundación para el avance en conjunto de la red se dio desde el 2018, fue hasta el pasado mes de febrero que el MEP le entregó a la Fundación Omar Dengo la responsabilidad de realizar directamente los concursos de contratación de las empresas que desarrollarían el proyecto de conexión de más de 2.000 centros educativos; además del diseño, desarrollo y ejecución. 

Sin embargo, esta gestión se ha visto tropezada por criterios de la misma Contraloría al encontrar inconsistencias y declarar con lugar dos recursos de apelación por parte de oferentes, lo que echó a atrás dos adjudicaciones: la primera de ellas para el duo del Instituto Costarricense de Electricidad y Huawei; y el segundo más reciente emitido el pasado 6 de octubre contra la firma Unifet. 

La CGR argumenta en la orden que los entes del estado no pueden ceder a entidades privadas competencias de administración pública; por lo que deben ser ejecutadas directamente por la institución u otros entes del Estado. 

Según la Contraloría en la acuerdo tomado entre la Fundación y el MEP en febrero anterior la mayor responsabilidad queda en manos de la Fundación -ente externo-, haciendo evidente la nula participación del Ministerio en la planificación, dirección, control, coordinación, establecimiento de condiciones, indicadores de desempeño y demás aspectos de definición, conducción y ejecución del proyecto de la REB. 

“Es la Fundación quien ha establecido los pasos que debe seguir ese Ministerio e incluso ha suministrado varios de los insumos indispensables para el desarrollo del proyecto, como lo es el borrador del convenio, la propuesta de cartel y su diseño -contratado a su vez a otro tercero-, entre otros para la selección del integrador bajo el concepto llave en mano, entre otros. Así las cosas, el MEP ha transferido la función de determinar cómo satisfacer las necesidades educativas a su cargo, relacionadas con la incorporación de las tecnologías de información en un sujeto de Derecho privado”, subraya la Contraloría. 

Respecto a los costos de la REB, el MEP aprobó la propuesta que fue elaborada por la Fundación, la cual incorpora gastos por administración que se calcularán como un 8,26% estimado del monto total que se transfiera para la REB sin detallarse el desglose de ese rubro o definirse parámetros para su ejecución. 

El MEP indicó que ascenderán a $4,2 millones, aproximadamente, durante la ejecución de todo el proyecto y podría variar conforme al monto total que se destine para este fin. Además, el MEP estima que para los cinco años de duración de desarrollo de la REB, esa Fundación requerirá de un total $1,1 millones para el pago de remuneraciones al personal técnico.

Al respecto, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de agosto de 2021 el Ministerio ha transferido a la Fundación ₡12.512 millones para ese propósito.

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