14 comunidades contarán con espacios para que aproximadamente 16.400 niñas, niños y adolescentes puedan sentirse protegidos contra la violencia, discriminación y mejoren sus oportunidades educativas a través de actividades psicosociales, lúdicas, artísticas, y deportivas.
Seis ya están en funcionamiento en La Uruca, Tibás, Pavas, Los Guido, Turrúcares y Hatillo, las principales seis comunidades de acogida del país, donde existe una alta concentración de niñez migrante, altos índices de pobreza, violencia física y sexual, abandono, exclusión escolar, problemas de integración social, entre otros factores que aumentan las violencias.
Se espera abrir ocho más en Alajuela, Guanacaste, Limón, Puntarenas y Heredia.
Toda la oferta de actividades de escucha, orientación y refuerzo escolar, es abierta sin distinción del estatus migratorio.
El proyecto de espacios seguros es guiado por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con el apoyo de los gobiernos locales y las Asociaciones de Desarrollo Integral (ADI).
Además cuentan con el voluntariado de educadores, pensionados y estudiantes que buscan disminuir el rezago escolar y desestimular la exclusión.
Daguer Hernández, subdirector de la dirección General de Migración y Extranjería, explicó que uno de los objetivos es atender a la niñez migrante, que ingresa al país. Afirmó se trata de una de las poblaciones más altamente vulnerabilizadas a causa de los efectos de la pandemia de la COVID-19 y de los múltiples obstáculos que tienen las familias para obtener su regularización.
Según datos de la Unicef los niños y niñas migrantes son más vulnerables y corren grandes riesgos sociales, como la mala nutrición, varias formas de violencia, incluyendo la explotación por el crimen organizado, además del abuso y explotación sexual y discriminación por parte de la población de los lugares que atraviesan.
