La ausencia de mantenimiento de los inmuebles durante años, e incluso los estragos por fenómenos naturales recientes, así como la falta de presupuesto mantiene a 880 los centros educativos del país con una orden sanitaria y a 23 tienen una orden de cierre completo.
El actual curso lectivo inició con 700 órdenes sanitarias; sin embargo, estas se incrementaron en un 21% en lo que va del año.
Para atenderlas la dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP) implementa la llamada “prioridad de semáforo”, interviniendo inicialmente a las de categoría roja, en este caso con órdenes de desalojo o de cierre.
“Tenemos 23 con órdenes de cierre y sobre esas priorizamos. En este momento trabajamos en la construcción de obra de 56 de esas órdenes que representan ₡35.000 millones. Esto supera nuestro presupuesto anual ordinario, porque para este año fue de ₡21.000 millones y lo supera porque muchas de las juntas de educación -en buena hora- poseían fondos en caja única; entonces, hemos trabajado con esos fondos y además, en algunos casos los hemos distribuido hasta en tres años presupuestarios: 2020, 2021 y 2022 para poder llevar a la construcción estos proyectos”, explicó Catalina Salas, directora de la DIE.
Los cálculos de la dirección apuntan a que se requieren de por lo menos ₡89.000 millones para solventar las carencias de poco más de 200 centros educativos.
“Hicimos un cálculo de 222 proyectos que están actualmente en diseño o contratación de diseño y tiene un costo de ₡89.000 millones. Entonces si vemos el presupuesto siendo de ₡21.000 millones no podemos financiar lo que se está trabajando en diseño y contratación de diseño. Sí es una necesidad latente de que necesitamos más financiamiento”, aseguró Salas.
Muchos de esos 222 proyectos que actualmente están en diseño requieren de la reconstrucción total del inmueble, volviéndose inversiones que fácilmente superarían los ₡1.000 millones para algunas instituciones.
Bajo un modelo de no recorte presupuestario, la DIE tendría la capacidad de ejecutar ₡60.000 millones anualmente, sin embargo, la viceministra asegura que de aplicarse las herramientas como la plataforma de la gestión de contratación y planificación de solicitudes podrían incluso duplicar su capacidad de respuesta a ₡100.000 millones anuales.
Esta unidad insiste en que los recursos que actualmente manejan no son suficientes. Lo anterior en medio de una investigación que esta misma unidad inició tras la inversión de más de ₡8.000 millones en la compra de lotes sin que estuvieran vinculados a proyectos.
