El Ministerio de Educación Pública (MEP), tiene en trámite un financiamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para atender 60 proyectos en zonas de extrema pobreza.
El financiamiento permitiría trabajar un paquete definido de proyectos, ya en estudio y con avances reales, los cuales requieren de una inversión de más de $123 millones.
“Este es un proyecto de 60 centros educativos en zonas de extrema pobreza, principalmente en zonas indígenas. Es un proyecto ambicioso de más de $123 millones. En este momento está en la etapa de factibilidad y tiene que pasar por la Asamblea Legislativa para ser aprobado”, explicó Catalina Salas, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP.
La viceministra descarta que se este nuevo proyecto vaya a tener errores como los presentados en el fideicomiso con el Banco Nacional en el que más de 50% de los centros educativos proyectados para verse beneficiados quedaron fuera ante la falta de recursos del mismo fideicomiso.
Precisamente, afirma que tomaron la experiencia del fideicomiso como partida para la propuesta de los centros educativos que formarían parte de la nueva lista.
“Estos proyectos del BCIE ya son maduros; es decir, son proyectos que ya tienen planos constructivos, presupuestos detallados de obra, Setena, la viabilidad ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; lo que nos hace falta es financiar la construcción. En el caso del fideicomiso los proyectos empezaban de cero, había que conseguir los terrenos, hacer los diseños… En estos proyectos ya toda esa parte de factibilidad ya pasó”, explicó Salas.
Adicionalmente a los costos de las obras se están incluyendo mobiliario, gastos indirectos e incluso cálculos de depreciación.
La DIE espera tener listo antes de que termine el año toda la factibilidad del proyecto ante el Mideplan, la aprobación final del Ministerio de Hacienda y el BCIE; de este modo a partir del segundo semestre del 2022 podría ingresar a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Por otra parte, la DIE avanza en una estrategia público privada para dar apoyo principalmente a colegios técnicos, con lo que pretende asegurar el mantenimiento de estos inmuebles por un lapso de hasta 25 años.
