El avance del proyecto de ley en corriente legislativa que pretende hacer una reforma integral a Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7600), preocupa a distintas organizaciones defensoras de los derechos de esta población.
El proyecto de ley que plantea esta reforma se tramita bajo el número de expediente 21.443, fue presentado por la diputada liberacionista María José Corrales con el objetivo de fortalecer, modernizar y reformar la ley para que sea actual, según su versión.
Sin embargo, el sentir de dichas organizaciones es que no era necesaria una reforma a esta ley por el momento; además, que no hubo participación suficiente de todas las organizaciones debido al contexto de la pandemia.
“Se trata de una reforma que aborda todos los capítulos de la ley. Eso nos preocupa a las organizaciones por varios motivos: porque no conocemos la motivación de esta reforma. No fuimos invitados a participar de ningún análisis exhaustivo de porqué la ley 7.600 debe ser modificada”, detalló Erick Chacón, presidente de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas.
Chacón añadió que desde el año anterior, las organizaciones solicitaron explícitamente a la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor, la cual tramita el expediente, que se desconvocara el proyecto.
Respecto a la inconformidad con el fondo de la propuesta, Erick Chacón, señaló que la reforma afectaría temas con la representación política de las personas con discapacidad.
De acuerdo con Chacón, se pretende reformar uno de los artículos que dice que “las organizaciones de personas con discapacidad o sus familiares”, eso modifica y se le añade la participación de cualquier otra persona.
“¿Qué es lo que pasa?, ahí nos estaría quitando un espacio de participación política, porque quiere decir que cualquier organización, que no tenga personas con discapacidad, puede el día de mañana a participar de foros políticos que son específicamente para personas con discapacidad”, añadió.
“No comparto la posición de que este proyecto no ha sido consultado”
Costa Rica Noticias consultó a la legisladora que impulsa el proyecto, María José Corrales, sobre la falta de participación que alegan las organizaciones e indicó que sí se realizó un proceso de consulta y participación.
“Por medio del Consejo Nacional de Persona con Discapacidad (Conapdis) se consiguió la lista de asociaciones debidamente inscritos para que esta consulta fuera estrecha. A raíz de estas consultas, la población con discapacidad solicitó que se detuviera el avance del proyecto y así se avanzara con una conversación y diálogo para hacer unas mejoras”, dijo Corrales.
Añadió que a raíz de esta consulta se inició un foro consultivo que llevó un trabajo de 3 meses y que se prorrogó para tener un insumo con más de 650 páginas con observaciones en todo el articulado, que en su mayoría fueron incorporados en un texto sustitutivo.
“No comparto la posición de que este proyecto no ha sido consultado y tenemos la evidencia de todas estas documentaciones. Tampoco comparto el criterio de que este proyecto viene a minar la ley 7.600. Jamás apoyaría un proyecto que venga a disminuir la igualdad de derechos de las personas con discapacidad”, aseveró.
La Ley 7.600 fue promulgada por la Asamblea Legislativa en el año 1996.
