La Procuraduría General de la República presentó este miércoles una Acción Civil Resarcitoria en el caso Cochinilla en la cual pide una indemnización que supera los ¢58.000 millones.
El Estado pretende la compensación y restitución del daño material y social causado por las acciones de presunta corrupción en contratos de obra pública investigadas por el Ministerio Público.
El monto se divide en ¢45.183 millones por concepto del daño material y ¢13.555 millones por el daño social.
La demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, incluidos los funcionarios públicos investigados así como a los particulares y empresas involucradas.
Con la interposición de la acción civil resarcitoria el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público.
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Bajo el caso Cochinilla se investiga una presunta malversación de fondos con contratos de obra pública a través del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que habría generado un déficit de ¢78.000 millones entre el 2018 y el 2020.
Entre los investigados por este caso figuran los empresarios Carlos Cerdas dueño de Mecoy Mélida Solís, de H Solís, a quienes se les impuso este lunes cuatro meses de prisión preventiva.
En razón de que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar, conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía.
