• Funcionarios mantienen sus salarios pese medida cautelar de ser suspendidos por 4 meses.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) aún no ha definido las sanciones administrativas contra los nueve funcionarios de la entidad involucrados en el caso Cochinilla.

El Conavi indicó a Costa Rica Noticias que los funcionarios que tienen medidas cautelares impuestas judicialmente se encuentran separados de su cargo con goce de salario y la administración aún no ha definido una medida administrativa complementaria a la interpuesta por la autoridad judicial.

Es decir, las medidas administrativas que se aplicarán contras estos funcionarios aún deberán ser discutidas en las próximas sesiones del Consejo de Administración.

El pasado 26 de junio la  jueza  Carolina Lizano, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, dictó como parte de las medidas cautelares alternas, suspender a los funcionarios de sus cargos por un periodo de cuatro meses.

Sin embargo, durante la audiencia de apelación de medidas cautelares que se realizó esta semana, la Fiscalía solicitó que las medidas alternas para estos funcionarios fueran ampliadas a un año y no a cuatro meses como fueron fijadas. 

El Conavi tampoco ha informado sobre la posibilidad de reemplazar a estos trabajadores.

Los funcionarios del Conavi que se encuentran actualmente suspendidos con goce de salario son: 

  • Carmen Madrigal Rímola, de la gerencia de proveeduría 
  • José Rojas Monge, de la dirección financiera 
  • Sergio Lobo Bejarano, de la Jefatura de Tesorería 
  • Laura Chaves Mora, de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP) del puente binacional de Sixaola, en Talamanca
  • Marcela Monge Hernández,, de la Gerencia de Adquisición 
  • Abraham Sánchez Castro, Ingeniero 
  • Mauricio Ortiz Vega, de ejecución presupuestaria 
  • Hugo Zúñiga Fallas, de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes 
  • Harold Mora Obando, de la Dirección costos de vías y puentes

Durante la audiencia de apelación de medidas cautelares del caso Cochinilla, los abogados pidieron que la resolución detalle que la suspensión debe ser con goce de salario y no quede a criterio del Conavi.

“(…)La jueza fue clara en indicar que cada administración era con goce o sin goce de salario, que eso no era competencia de la resolución que puso las medidas de la separación del cargo”, indicó a Costa Rica Noticias José Tacsan, abogado defensor de Tobías Arce.

También se le consultó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sobre los funcionarios que laboran en el ministerio y que son implicados en el caso Cochinilla sobre si mantienen el pago de su salario, pero no se obtuvo respuesta.

Los funcionarios del MOPT que figuran en la investigación judicial son: Erick Rodríguez Araya (supervisor del MOPT), Édgar May Cantillo (gerente general de la Unidad Ejecutora y de Coordinación), Elsi Carmona Rivas (Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, traslada al MOPT recientemente ) y Luis Quesada Pérez (programador de cómputo del MOPT).

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