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La Fiscalía General de la República solicitó la apertura de juicio para tres exfuncionarios públicos y el empresario Juan Carlos Bolaños, por presunto tráfico de influencias en el caso conocido como el cementazo,

Los exfuncionarios públicos involucrados son: el exdiputado Víctor Morales Zapata, el exviceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez y el exdirector de aduanas Benito Coghi.

De acuerdo con la Fiscalía, tras la investigación del expediente 17-000032-621-PE, se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento provenientes de China.

Además, se atribuyen supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio Bolaños.

Por normativa interna, la acusación fue analizada por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), debido a que algunas de las personas acusadas eran funcionarios públicos al momento en que ocurrieron los hechos.

Además, conforme a lo establecido en la legislación, la Fiscalía comunicó la acusación a la Procuraduría General de la República (PGR), la cual se apersonó al proceso como actor civil, con lo que pretenderá buscar un resarcimiento al Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los delitos.

La FAPTA validó la acusación y presentará esta y también la acción civil de la PGR ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura de juicio. Ese órgano debe fijar fecha para celebrar una audiencia preliminar, en la que se definirá si se ordena o no un debate oral y público.

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