- A todos los funcionarios públicos involucrados se les dictó suspensión del cargo durante cuatro meses.
La jueza Carolina Lizano, del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, fijó una fianza de $5 millones para el dueño de la empresa MECO, Carlos Cerdas Araya, y de $3 millones para Mélida Solís Vargas, dueña de H. Solís, mientras se les investiga por presuntos actos de corrupción en el caso Cochinilla.
Ambos empresarios continuarán en prisión preventiva temporalmente, mientras sus abogados acreditan estas sumas de dinero, sea en efectivo o mediante propiedades puestas en garantía. Una vez que esto se concrete quedarán en libertad.
Además, para Carlos Cerdas y Mélida Solís se dictó impedimento de salida del país y entrega de pasaportes, según indicaron los abogados Erick Gatgens y Erick Ramos.
La empresaria, además, deberá mantener el domicilio y no podrá acercarse a menos de un kilómetro del Conavi, ni de ningún aeropuerto del país.
Los empresarios son parte de las 30 personas detenidas el lunes 14 de junio en un mega operativo policial como sospechosos de corrupción. Se les atribuye formar parte de una red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de contratos de obra pública y de mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Esto mediante el pago de sobornos y favores a funcionarios, principalmente, del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a estas personas por los presuntos delitos de: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Gatgens aseguró que el lunes esperan poder pagar o acreditar mediante propiedades en garantía los $3 millones fijados para Mélida Solís.
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión preventiva para 14 de los investigados y esta misma tarde estaría presentando una apelación ante el Tribunal Penal por las medidas cautelares dictadas.
De acuerdo con Gatgens, para Tobías Arce (quien fungía como intermediario entre los empresarios y los funcionarios públicos) se estableció el uso de tobillera electrónica.
Entretanto, para Alejandro Bolaños (representante legal de MECO), Abel González (gerente general de MECO), William Herrera (gerente general de Constructora Herrera), Sonia Solís (hermana de Mélida Solís y secretaria de la sociedad Also Frutales) Carlos Solís (exgerente financiero del Conavi), se estableció impedimento de salida del país y firmar una vez al mes.
Asimismo, para Alister Cervantes, gerente de Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc) se fijó impedimento de salida del país y mantener el domicilio.
También se fijó impedimento de salida del país y firmar una vez al mes para: Luis Quesada Pérez, Laura Clotilde Chaves Mora (Unidad Ejecutora de Puente Binacional en Sixaola en el Conavi), Edwin Castro Rodríguez, (presidente de la sociedad Constructora Montedes) Óscar Martínez Martínez (presidente de Ingeniería Técnica de Proyectos ITP S), Erick Rodríguez Araya (supervisor del MOPT), Hugo Fallas Zúñiga (gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Conavi), Elsie Carmona Rivas, (funcionaria del Conavi) y Eliécer Rivera Campos (ejecución Presupuestaria del Conavi).
Asimismo, para todos los funcionarios públicos activos se dictó suspensión del cargo por un periodo de cuatro meses.
