Algunos de los detenidos por el caso de presunta corrupción conocido como Cochinilla están abandonando las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ubicadas en los Tribunales de Goicoechea.

Esto luego de que esta tarde, y después de 12 días de audiencia, la jueza Carolina Lizano del Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, dictara las medidas cautelares para 28 de los 30 detenidos en el mega operativo del pasado 14 de junio.

Para ninguno se dictó prisión preventiva.

William Herrera, de Constructora Herrera, salió de los Tribunales a eso de las 9 p.m.

Los únicos que permanecerán bajo arresto son los dueños de MECO, Carlos Cerdas Araya, y de H. Solís, Mélida Solís Vargas, para quienes la jueza fijó una fianza de $5 millones y $3 millones, respectivamente.

Ambos dejarán la prisión cuando hagan efectivo el pago de la millonaria fianza.

Para los restantes detenidos, la jueza dictó distintas medidas que van desde el uso de tobillera electrónica hasta presentarse a firmar cada mes.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga a estas personas por los presuntos delitos de: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

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Carlos Solís, exgerente de Adquisiciones y de Finanzas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dijo al salir que: “todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.

Hasta el momento es el único de los investigados en dar declaraciones.

Marcela Monge Hernández, gerente de Adquisición y Finanzas del Conavi, cuando abandona los Tribunales de Goicoechea. Foto: Andrea González.

Apelación de Fiscalía

Por su parte el fiscal Glen Calvo manifestó que la Fiscalía apeló todas las medidas cautelares dispuestas por la jueza Carolina Lizano, aunque tampoco encuentran ninguna aberración en lo resuelto.

“El Ministerio Público queda satisfecho a medias. La jueza nos dio la razón en todos los puntos que expusimos. La jueza dijo que había prueba, indicio comprobado de que estaban en una estructura criminal con indicios procesales“.

No obstante, “desde nuestro punto de vista la variación de las medidas no asegura el proceso y por eso apelamos”, contó.

El exgerente de Finanzas del Conavi, Carlos Solís (al centro), cuando salía de los Tribunales de Goicoechea. Foto: Andrea González.

Calvo espera que el Tribunal Penal resuelva favorablemente la apelación la semana entrante.

Colaboró: Mercedes Agüero Rojas, periodista.

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