La audiencia para definir las medidas cautelares de los detenidos en el caso Cochinilla, es quizá una de las más extensas en la historia del país; este sábado cumple 12 días.

Por este caso las autoridades detuvieron a 30 personas como sospechosas de conformar una red de corrupción para favorecer a empresas privadas en la adjudicación de contratos de obra pública y de mantenimiento y rehabilitación de la red vial. Esto mediante el pago de sobornos y favores a funcionarios, principalmente, del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi). 

Entre los detenidos figuran el dueño de la empresa constructora MECO, Carlos Cerdas Araya y la dueña de H. Solís, Mélida Solís, así como ingenieros y personal de estas y otras compañías involucradas. También funcionarios y exfuncionarios del Conavi y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Para 14 de ellos la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó prisión preventiva, mientras que para los restantes detenidos pidió medidas cautelares alternas.

LEA: Abogado del dueño de MECO molesto por filtración a la prensa de expediente judicial del caso Cochinilla

Según la Fiscalía, y basada principalmente en las intervenciones telefónicas durante casi dos años, estas personas realizaron actividades vinculadas a los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.

Se estima que los daños a la hacienda pública ascienden a los 78.000 millones de colones.

Hagamos un repaso del caso al día de hoy:

El 14 de junio por la mañana el OIJ realizó un mega operativo que dejó a 30 personas detenidas, quienes ese mismo día fueron trasladadas a las celdas provisionales del OIJ en los Tribunales de Justicia en Goicochea.

Se trata de personas vinculadas a las empresas Meco, Hernán Solís, Cacisa, L.G.C, Montesdes, Puentes y Calzadas S.A., Dinaju S.A., Galindo Solutions, Dicocc, FCC, Santa Elena de Poás, y Altos Frutales. Así como funcionarios del Conavi.

Un día más tarde, el 15 de junio inició la audiencia privada para imponerle medidas cautelares a los detenidos.

Fue necesario utilizar seis de las salas de juicio y un sistema de circuito cerrado para que más de cincuenta personas estuvieran en el desarrollo de la audiencia.

El caso es calificado como de crimen organizado, lo que le permitió a la jueza Carolina Lizano, ampliar la detención de los detenidos hasta por 96 horas.

El jueves 17 de junio el Ministerio Público terminó de exponer sus argumentos, más de cuarenta hechos que sostienen la acusación, y por la que solicitaron prisión preventiva a 14 de los detenidos entre ellos a Carlos Cerdas, dueño de la empresa Meco, y a Mélida Solís, propietaria de H. Solís.

El viernes 18 de junio, la defensa hizo  la réplica, presentación de testigos y pruebas que les permita dejar en libertad a los detenidos.  Los 30 sospechosos continúan en el sótano de los Tribunales, para entonces ya se habían interpuesto al menos cinco hábeas corpus ante la Sala Constitucional.

Ese mismo viernes el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública rechazara las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía contra dos de los detenidos, quienes llevaron un proceso diferenciado por inconvenientes con su defensa.

Fue necesario habilitar seis salas de audiencias para albergar a más de cincuenta personas entre detenidos, defensa y Ministerio Público.

Se trata de Juan Carlos Abarca Quesada, gerente operativo de la empresa constructora Also Frutales, a quien se le había solicitado prisión preventiva y de Luis Alberto Ureña Villalobos, funcionario de la Dirección de Geología y Minas, del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), para quien se pidió medidas alternas.

En este caso el juez penal Félix Calderón Ruiz resolvió con medidas alternas para Abarca y liberación sin medidas para Ureña.

El sábado 19 de junio la jueza se acoge al elemento de prisión preventiva instrumental, lo que le permitió extender por tiempo indefinido la audiencia para las medidas preventivas. Esto aunque la defensa alegara que no está incluido dentro del Código Procesal Penal.

El miércoles 22 de junio la defensa concluye su exposición luego de cinco días. Al tiempo que la Fiscalía confirma la apelación de las medidas cautelares para los primeros dos procesados.

Un día después, el 23 de junio la Fiscalía presenta elementos relacionados a la participación de la defensa y finalmente la jueza confirma que resolverá las medidas cautelares de los 28 detenidos restantes este sábado 26 de junio.

Publicidad Aproveche la mejor conexión en Fibra Optica para su empresa con RACSA