- Representantes legales de 28 de los detenidos acudieron a la 1:30 p.m. a los Tribunales de Goicoechea donde se dan a conocer las medidas cautelares
El abogado Erick Ramos, representante legal del dueño de la empresa MECO, Carlos Cerdas Araya, manifestó este sábado su molestia por la filtración a la prensa del expediente policial del caso Cochinilla.
En su criterio esto genera un desequilibrio en la opinión pública en perjucio de los investigados.
Asimismo, Ramos calificó de arbitraria la detención, por 13 días ya, de los sospechosos de participar en presuntas actividades de corrupción para obtener contratos de obra pública y de conservación de la red vial nacional.
El litigante dio las declaraciones la tarde de este sábado, poco antes de ingresar a los Tribunales de Goicoechea donde se dan a conocer las medidas cautelares para 28 de los detenidos en el mega operativo desarrollado el pasado 14 de junio.
“La detención es prematura. Creo que en este momento abusaron de la posición de poder de derecho sustentado en las intervenciones telefónicas. Esta investigación tiene 4 años”, manifestó Ramos.
La audiencia en la que la jueza Carolina Lizano dicte las medidas cautelares estaba prevista para la 1:30 p.m., es de carácter privado y oral. Es decir, una vez que ella emita la resolución tanto la defensa como la Fiscalía tendrán oportunidad de apelar, lo que podría extender el proceso hasta altas horas de la noche.
En las afueras de los Tribunales permanece un nutrido grupo de periodistas fotógrafos y camarógrafos de los distintos medios de comunicación.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva para 13 de los detenidos que aún permanecen en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Entre ellos, los empresarios Carlos Cerdas Araya, dueño de MECO y Mélida Solís, propietaria de H. Solís.
Francisco Campos, abogado de detenidos de ambas empresas, explicó que solicitaron a la jueza acoger una garantía de caución real, que permita garantizar el apego de los detenidos en el desarrollo del proceso, sin tener que acogerse a la prisión preventiva.
“No hemos puesto a disposición ninguna propiedad dentro de las propuestas. Se ofreció una garantía real de las propiedades. En el caso Mélida y Abel buscaron propiedades de familiares. La propiedad cubre el monto de garantía que pida la jueza”, comentó.
Las propiedades no se pierden y solo corre riesgo en caso de fuga del investigado. Campos no entró en detalle sobre el valor de las propiedades, pero si aseguró han sido valoradas por peritos.
