La comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa acordó convocar al canciller de la República, Rodolfo Solano Quirós, para que se refiriera a la posición de Costa Rica con respecto a la crisis política que se vive actualmente en Nicaragua.
A menos de cinco meses de las elecciones políticas en ese país, el Gobierno de Daniel Ortega, ha encrudecido la situación ante reiteradas violaciones de derechos humanos y al menos una veintena de arrestos injustificados de líderes sociales y políticos.
Ortega reapareció el miércoles, tras mes y medio de ausencia política, para justificar la detención de los opositores de cara a las elecciones.
El mandatario nicaragüense dijo que los detenidos no son candidatos ni políticos, sino “criminales” que quieren derribar al gobierno.
La comisión legislativa también pretende obtener información sobre las acciones que ha estado tomando el gobierno de Costa Rica en el campo internacional, relacionadas a las acciones de Daniel Ortega.
El diputado Walter Muñoz, quien presentó la moción, explicó que buscan un encuentro para poder conversar sobre las relaciones de Costa Rica y Nicaragua en este momento, en temas políticos, sociales y comerciales.
“Más que un cuestionamiento es una forma de solidarizarse tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo en una relación internacional, que nos parece es de suma importancia”, dijo.
Añadió que lo que está ocurriendo en Nicaragua de cara a las elecciones es sumamente peligroso, porque provocaría no solamente aumentar la población migrante y con eso desempleo y una serie de derivados, sino que también Costa Rica tiene que ser una voz importante en América Latina para defender la democracia y sobretodo la democracia electoral.
La Asamblea ya había presentado una moción previa en la que se buscaba censurar el encarcelamiento de candidatos en Nicaragua, la cual se extendió a la Cancillería.
Al respeto, la Cancillería adelantó al medio de comunicación CR Hoy que Costa Rica continuará insistiendo en la inmediata liberación de los detenidos y continuará con la exhortación al gobierno de Ortega para que cumpla con las normas internacionales para unas elecciones libres, e incluso permita la presencia de observadores internacionales.
La comisión tiene pendiente fijar la fecha de la audiencia con el canciller Solano.
