El jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Rodolfo Méndez Mata, anunció la creación de un órgano interventor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para revisar los contratos con las empresas investigadas en el Caso Cochinilla, además afirmó que no les otorgará más contratos de mantenimiento vial.
El Ministro publicó la noche de este miércoles un mensaje en redes sociales en el que asegura que “por transparencia, no se ampliarán los contratos de mantenimiento vial a las empresas actualmente adjudicadas”, dado que podrían estar vinculadas con supuestos casos de corrupción.
Esto, aclaró la oficina de prensa del MOPT, no afecta las obras que ya están adjudicadas, sino que pone la lupa en las contrataciones a futuro.
En ese mismo mensaje, Méndez informó de que no ampliará los 22 contratos en favor de las empresas actualmente adjudicadas, principalmente, MECO y H. Solís, de los cuales 20 se encuentran ya suspendidos.
“Aunque ello suponga el sacrificio nacional de no contar por un periodo de tiempo con los servicios de mantenimiento vial, ese sacrificio se verá oportunamente compensado con más transparencia y más participación”, publicó Méndez.
Costa Rica Noticias intentó conversar con Méndez Mata mediante la oficina de prensa, sin embargo, no tuvimos confirmación al cierre de la edición.
El Ministro afirmó en su publicación de que este mismo jueves estaría formalizando la petición ante el Consejo del Conavi.
Entretanto, en declaraciones dadas a La Nación, el jerarca mencionó que todo concurso en trámite será sujeto de un proceso de investigación “exhaustivo y riguroso” para determinar la existencia o no de irregularidades y, con fundamento en ello, tomar las medidas que correspondan.
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Le aclaró a ese medio de que la lógica de intervenir Conavi sería que las empresas H. Solís y MECO, sobre las cuales se centran las pesquisas judiciales, no vuelvan a recibir contratos estatales.
Desde el mes de febrero están pendientes la adjudicación de contratos de mantenimiento de vías de más de 7.000 kilómetros, los cuales se podrían retrasar aún más.
Por el momento el MOPT no podrá obstaculizar los proyectos que actualmente están adjudicados a las empresas relacionadas por la fiscalía con el caso Cochinilla. Sin embargo, el Ministro aseguró que eso no les impide emitir medidas cautelares preventivas.
Por su parte el abogado defensor de Mélida Solís y Sonia Solís, Erick Gadgets, calificó la exclusión de las empresas en futuros proyectos como una acción “totalmente ilegal y arbitraria, violatorio de los más elementales derechos”.
“Esa decisión es muy lamentable, implica una violación de derechos fundamentales básicos entre ellos la presunción de inocencia. Con esta decisión se va al traste la vigencia de este principio de presunción de inocencia y más bien se invierte en la presunción de culpabilidad. Este tipo de decisiones no se puede tomar a la ligera, y deben esperar a una decisión judicial en firme”, comentó el abogado.
28 de los detenidos en el mega operativo por supuesta corrupción en contratos de obra pública y conservación vial se mantienen en las celdas del OIJ a la espera de la resolución de las medidas cautelares.
