La audiencia para establecer las medidas cautelares de 28 detenidos en el caso Cochinilla es quizá de las más extensas en la historia de Costa Rica. La maratónica audiencia acumula más de una semana, situación que ha pasado factura a algunos involucrados en el proceso, entre ellos los abogados de la defensa y los propios investigados.

El caso más evidente se dio este martes por la tarde cuando Mélida Solís Vargas, dueña de la empresa constructora H. Solís, presentó un quebranto de salud en medio de la audiencia. Esto obligó la intervención del médico forense del Tribunal del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea y luego tuvo que ser trasladada a un centro médico.

Su abogado Erick Gatgens confirmó que Solís fue estabilizada en un centro médico y trasladada de regreso a las celdas del OIJ, a eso de las 8 p.m. del este mismo martes. Solís permanece arrestada, junto a los restantes 28 detenidos, a la espera de la resolución sobre medidas cautelares la cual se dará a conocer el próximo sábado.

Pero, ¿Quién es Mélida Solís y de qué se le acusa?

La empresaria de 61 años y vecina de Mata Redonda, en San José, es una de las propietarias de la firma H. Solís, una de las principales constructoras involucradas en el caso conocido como Cochinilla. A Solís al igual que una treintena de personas más, entre empresarios y funcionarios públicos, se les investigas por presuntos delitos de corrupción en contratos de obras y de conservación vial.

Mélida es hermana de Sonia Solís Vargas, de 57 años, secretaria de la empresa constructora Also Frutales, quién también fue detenida el pasado 14 de junio y se mantiene en las celdas del OIJ.

H.Solís tiene más de 50 años de trayectoria;  fue fundada en  1963 por Hernán Solís, pero su hija Mélida es quien ha estado a la cabeza de la constructora por más cuarenta años. Esta gestión la ha compartido con su esposo Roberto Acosta, que ocupa el puesto de gerente general de la empresa. El matrimonio tiene un hijo de 34 años.

En una entrevista con la revista Construir, en el 2018, Solís mencionó lo siguiente:

“En la actualidad, me encuentro asumiendo otra etapa, que es el preparar a la compañía para que en el futuro pueda pasar a manos de otra generación, donde desde ya asumo la tarea de transmitir los mismos valores profesionales y personales que me fueron legados y que he mantenido durante toda mi gestión”, declaró.

Su entrevista destaca en la portada de la revista donde la empresaria luce un elegante vestido rojo.

En la misma publicación Solís mencionó como proyectos icónicos donde ha intervenido H. Solís, la construcción de los puentes mayores de la Ruta 27, la rehabilitación de más de 1.000 kilómetros de carreteras nacionales, así como el desarrollo inmobiliario de edificios verticales.

Además, planteó como un desafío, para entonces, la continuidad y desarrollo de los contratos de Conservación Vial, ejecución de Circunvalación Norte y la participación en nuevos procesos de contratación para infraestructura pública.

Para la empresaria, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó un año de prisión preventiva, mientras es investigada como sospechosa de delitos de corrupción.

Según se lee en el expediente del caso Cochinilla, del cual Costa Rica Noticias tiene copia, Mélida Solís y representantes de su empresa pudieron mantener un sistema de relaciones de confianza dentro del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre ellos un estrecho vínculo con Carlos Solís Murillo, quien era gerente de Adquisiciones y Finanzas del Conavi.

De acuerdo con las autoridades, esta relación de confianza con el funcionario, gracias al presunto pago de sobornos, le permitieron a H. Solís tener ventaja en los procesos de contratación; además del pago expedito de facturas desde la entidad.

Bajo el caso Cochinilla, la Fiscalía Anticorrupción investiga supuestos delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica; relacionados con la construcción de obra pública y mantenimiento de la red vial.

El daño al Estado por estas supuestas irregularidades, se estima en unos 78.000 millones de colones.

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