- El funcionario declaró esta tarde a Costa Rica Noticias que no ha sido notificado de ninguna causa, allanado, imputado ni detenido
El gerente de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, Allan Ugalde Rojas, fue mencionado por la empresaria Mélida Solís como “su contacto” en el ente contralor.
Así lo dejan ver intervenciones telefónicas hechas a la dueña de la constructora H. Solís, cuyo detalle se incorpora un informe policial del 22 de enero de este 2021, el cual forma parte del expediente judicial, conocido como el caso Cochinilla.
Según el documento, del cual Costa Noticias tiene copia: “las comunicaciones reflejan la posible injerencia instrumental que tiene Allan Ugalde en cuanto a decisiones relativas a proyectos de infraestructura vial, bajo posible influencia de la contralora general y el actual ministro del MOPT”.
Desde el 2014 Ugalde Rojas es responsable de los procesos de fiscalización previa en materia de contratación administrativa, por ejemplo, en los refrendos.
Además, junto a otros tres funcionarios, Allan Ugalde integra el órgano colegiado de la División de Contratación Administrativa. Este órgano es el encargado de conocer las impugnaciones de todo el sector público en materia de contratación administrativa.
Es decir, entre sus funciones están las de conocer las apelaciones interpuestas en contra de las resoluciones finales del Conavi, o en su defecto la Unops—organización internacional que también tiene a cargo proyectos de infraestructura vial en nuestro país.
El legajo judicial además hace referencia al posible vínculo de la dueña de la Constructora H. Solís con el funcionario.
“También se denota la existencia de otra comunicación de interés que vincula a ese servidor público Allan Ugalde Rojas con la empresaria e investigada Mélida Solís Vargas, quien se refiere al mismo como un contacto que tiene en la Contraloría General de la República cuando habla de la necesidad de conocer e interceder ante el ente contralor para la aprobación de una contratación directa o ampliación”, indica el expediente.
Según la investigación de la Fiscalía anticorrupción, de lo anterior se desprende “en grado probable que pueden existir acuerdos delictivos entre Ugalde Rojas y las empresas involucradas, ya que pareciera ser un contacto importante entre el particular y la administración, según se ejemplifica con la llamada en la que participa Mélida”.
Ugalde Rojas forma parte de una larga lista de funcionarios investigados en el caso Cochinilla.
Esta tarde, el funcionario respondió a Costa Rica Noticias que a esta fecha (martes 22 de junio del 2021), “no he sido notificado de ninguna causa, no he sido allanado, no he sido imputado ni detenido, no se me ha pedido ninguna medida cautelar ni prisión preventiva”.
Añadió que su situación la ha conocido por lo que informan los medios de comunicación, siendo incierta dado que desconoce formalmente su condición jurídica en el caso concreto por no haberle sido comunicado por las autoridades respectivas.
Según dijo, una vez que tuvo conocimiento por la prensa de la mención de su nombre en una causa penal 19-000025-1218-PE, se presentó de oficio el lunes 14 de junio a la 1 pm, con su abogado, para ponerse a las órdenes de las autoridades judiciales para lo que resultara procedente.
“En ese momento me indicó una funcionaria de la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia Anticorrupción que no estaba siendo requerido de modo antes de retirarme presente ante la funcionaria que me atendió los datos de mi correo, teléfono y dirección donde se me podría ubicar”, añadió.
El propio 14 de junio cuando se conoció que el nombre de Ugalde figuraba en el caso, la oficina de prensa de la Contraloría indicó: “Tanto el Gerente como la institución estamos en total disposición de documentar todo lo que estimen las autoridades judiciales. Don Allan se presentará de oficio hoy mismo a las autoridades para ponerse a las órdenes para lo que corresponda”.
Asimismo, el pasado 18 de junio la entidad contralora remitió otro comunicado en el cual informa que como parte de su labor de control y fiscalización posterior, en materia de conservación vial ha generado varios informes e hizo dos denuncias penales ante las autoridades judiciales (en el 2018 y 2020), relacionadas con posibles pagos irregulares en dichas contrataciones, así como y la construcción de la carretera a San Carlos.
Labor fundamental
De acuerdo con lo expresado en la investigación judicial, “la labor Allan Ugalde Rojas resulta trascendental por cuanto su cargo y funciones operan en una etapa esencial de los procesos de contratación, ya que, existe un fuerte interés de las empresas contratistas de injerir en los refrendos, resultados de las impugnaciones y obtener resoluciones favorables a sus intereses”.
A partir de las decisiones de la División a cargo de Allan Ugalde, se da firmeza de las adjudicaciones. Así ocurrió con el recurso interpuesto por la empresa FCC en contra de la adjudicación dictado por la UNOPS en favor de la empresa MECO, respecto al proyecto “Construcción del Paso a Desnivel en Intersección Garantías Sociales, Ruta Nacional 32″.
La investigación señala que Ugalde Rojas es uno de participantes y firmantes de cinco resoluciones las cuales rechazaron varias peticiones de la empresa recurrente y culminaron con la adjudicación en favor de MECO, pese a que esta empresa había incurrido en falsedad respecto a la experiencia en el extranjero del ingeniero residente ofrecido en la oferta.
“Incluso, extralimitaron sus facultades y alcances como división para sugerir sutilmente (a la empresa) como subsanar o reemplazar esta experiencia en el extranjero por experiencia en obras de infraestructura a nivel nacional”, indica el expediente.
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Ugalde Rojas informó mediante un correo electrónico que pese a desconocer su estatus legal en este caso, “he decidido aplicar de oficio el régimen de abstenciones institucional y apartarme de forma voluntaria y formal de cualquier caso relativo a lo que se informa de esta causa”.
Bajo el caso Cochinilla, la Fiscalía Anticorrupción investiga supuestos delitos de cohecho, peculados, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica; relacionados con la construcción de obra pública y mantenimiento de la red vial.
El daño al Estado por estas supuestas irregularidades, se estima en unos 78.000 millones de colones.
