- Por lo menos cinco abogados defensores han presentado recursos de “hábeas corpus” en favor de sus clientes.
Este lunes se cumple una semana de que 28 de las 30 personas detenidas por supuestos actos de corrupción con contratos de obra pública, se mantengan en las celdas del Poder Judicial en los Tribunales de Goicoechea a la espera de que se les dicten medidas cautelares.
De los 14 abogados que tienen pendientes la presentación de su descargo, siete ya lo han hecho. Principalmente, estos han contrapuesto sus posiciones a la solicitud de la Fiscalía.
Fiscalía solicitó prisión preventiva para 14 de las 30 personas detenidas.
Recordemos que el fin de semana dos de los imputados fueron puestos en libertad con medidas cautelares alternativas, luego de que tuvieran una audiencia diferenciada debido a problemas con su defensa al inicio del proceso.
Rodrigo Araya, abogado defensor, catalogó el procedimiento como una de las audiencias más largas en la historia del país.
“Estamos ante la audiencia de medidas más larga en la historia de este país. La expectativa es que culmine pronto. Faltamos muchos abogados en el uso de la palabra y, lógicamente, no se puede coartar el derecho de defensa. Los imputados se encuentran deseosos de que esto se resuelva pronto y que su situación jurídica sea resuelta”, explicó el especialista.
Cabe resaltar que, en un proceso regular, el tribunal tiene 48 horas para dictar medidas, pero como el caso Cochinilla fue catalogado como “crimen organizado”, el plazo se extendió a 96 horas, el cual venció el sábado por la mañana.
Fue en ese momento en que la jueza a cargo del caso, Carolina Lizano, pidió prisión preventiva instrumental, la cual permite a los abogados extender su exposición para tratar de equilibrar los tiempos de exposición de aquellos que ya hicieron uso de la palabra y los que aún no lo han hecho.
En desacuerdo
No obstante, la medida no es del agrado de algunos defensores, porque alegan que es inconstitucional.
Por ejemplo, Erick Gatgens, abogado de Sonia Solís, una de las imputadas en el caso, afirma que la detención de su cliente es ilegal porque “al haber pedido el Ministerio Público medidas cautelares sustitutivas para ella no procede su detención en este momento”, aseveró.
El especialista agregó que deben cumplirse dos requisitos básicos; el primero, haberse dictado una presión preventiva original que, según él, no sucede en este caso; y segundo, determinar un plazo.
“La señora jueza dejó un plazo indeterminado y estableció que esta se dictaba hasta que fuera necesario. Y eso en nuestro criterio, violenta los derechos fundamentales de ella”, sostuvo el profesional.
Mientras tanto, Francisco Campos, abogado de las constructoras H Solís y Meco, aseguró que lo ocurrido afecta a todos por igual, pero en especial a las personas que el Ministerio Público no les pidió medida cautelar tan gravosa como la prisión preventiva.
“Me parece que de manera injusta e injustificada se han mantenido una semana presos sin ninguna necesidad”, sentenció Campos.
Por el momento al menos cinco defensores han presentado recursos de “habeas corpus”, entre ellos el abogado de Sonia Solís, quien espera que la resolución se dé antes de cinco días pues, asegura, que este es un proceso expedito para obtener libertad condicional, ya que la Fiscalía no ha pedido prisión preventiva para su cliente.
Colaboró en esta información Andrea González, periodista.
