El expediente judicial del caso Cochinilla revela como empresas y funcionarios públicos encubrieron fallas en la mezcla asfáltica, problemas constructivos e incluso manipularon las pruebas de calidad, para ocultar irregularidades constructivas en el paso a desnivel de las Garantías Sociales.

Esto con el fin de evitar sanciones por incumplimientos contractuales a la empresa MECO; a cambio del ocultamiento habrían recibido dádivas.

La obra valorada en $17,6 millones fue desarrollada por MECO entre el 2019 y el 2020.

Entretanto, la verificación de la calidad estuvo a cargo de la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y la supervisión vial fue realizada por la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería (Cacisa).

El Conavi, administró el proyecto en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

De acuerdo con el informe policial, el grupo delictivo en el que participaron personeros de MECO, ITP y Cacisa, a sabiendas de que la mezcla asfáltica producida y colocada en el proyecto vial de “Garantías Sociales” no cumplía con las especificaciones del cartel, indujeron en error a la Administración.

El grupo habría ocultado los defectos constructivos, la calidad y composición de la mezcla asfáltica, así como la simulación de óptimas condiciones de la misma, según las exigencias del cartel.

En el caso del asfalto, este no cumplía con la calidad y composición exigida en el cartel, pero esto no impidió que la constructora la colocara.

Mediante la entrega de dádivas y promesas de retribución, obtuvieron la manipulación de pruebas de laboratorio e inserción de información falsa en los informes de verificación de calidad. Realizaron mediciones en el proyecto dirigidas y planificadas para generar resultados favorables para MECO” indica el expediente.

Adicionalmente, modificaron y consensuaron los datos de los informes finales sobre el tema del IRI (índice de regularidad superficial del pavimento) y elaboraron un documento de descargo para contrariar el criterio del Lanamme.

Por último, el grupo contrató por $2.500 a Guillermo Loría (un funcionario de Lanamme actualmente suspendido) para que elaborara un informe contrariando y desvirtuando el de Lanamme donde se señalaban las fallas en la obra.

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