Jerarca de la empresa dijo que las empresas Meco y H Solís recurrían a sobornos para ganar todas las licitaciones.
Una denuncia presentada por el propietario de la empresa constructora Grupo Orosi, Eladio Araya Mena, quien participaba en los procesos de licitación de obra pública y se habría enterado de las irregularidades que ocurrían, dio origen a la investigación judicial conocida como caso Cochinilla, producto de la cual se produjeron 57 allanamientos y 33 personas detenidas.
Según se indica en el expediente judicial N.° 19-000025-1218-PE, elaborado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y del cual Costa Rica Noticias tiene copia, Araya Mena aseguraba que las licitaciones ganadas por las constructoras Meco y H Solís habían sido obtenidas mediante sobornos.
“Las empresas que últimamente estaban ganando todas las licitaciones eran (y son) Meco y Hernán Solís, pero no lo han hecho de forma limpia”
“Las empresas que últimamente estaban ganando todas las licitaciones eran (y son) Meco y Hernán Solís, pero no lo han hecho de forma limpia, ya que han echado mano de artimañas como repartir sobornos desde décadas atrás en el Conavi; particularmente, a ingenieros y gerentes, especialmente, a Carlos Solís Murillo para que mes a mes les provea jugosos fondos para diferentes líneas de los contratos de la conservación vial en ejecución y luego para el trámite expedito o instantáneo de las facturas”, se puede leer en el documento de la investigación.
Es a partir de esta denuncia a la cual se sumaron diversas investigaciones que se fue conformando un enorme expediente que para investigadores califica bajo la figura de “crimen organizado”, con los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
Intervenciones telefónicas
Gracias a esta figura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pudo intervenir, de forma legal, los teléfonos de todos los involucrados, a través del Centro de Intervención de las Comunicaciones del Poder Judicial.
La investigación describe una escandalosa trama de corrupción entre las compañías constructoras Meco, H Solís, Cacisa y otras junto con algunos intermediarios que negociaban y entregaban los sobornos a un grupo de funcionarios públicos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
En una parte del documento se lee lo siguiente: “Como parte ‘de la planeación estratégica de este delito, los funcionarios corruptos del Conavi, así como los personeros de las empresas Meco y H Solís al conocer el funcionamiento interno del proceso, direccionan la adjudicación de los contratos a determinada empresa, disfrazando estos procesos siempre con un velo de legalidad, el cual por lo general evade los primeros controles y filtros de la Contraloría General de la República; sin embargo, dicho proceso realmente fue accionado de forma interesada, maliciosa e irregular a cambio siempre de algún tipo de soborno”.
Colaboró: Luis Álvarez, periodista.
