- Ministerio Publico tiene 96 horas para solicitar las medidas cautelares después de que el caso se pone en conocimiento del Juzgado Penal.
El fiscal Glen Calvo, uno de los seis fiscales a cargo del caso de presunta corrupción en las contrataciones de obra pública conocido como “Cochinilla”, explicó que esta investigación se maneja como una “causa de crimen organizado”.
Al tratarse como una causa de crimen organizado se amplía el plazo al Ministerio Publico hasta en 96 horas, después de que se pone en conocimiento del Juzgado Penal, que fue el martes, para solicitar las medidas cautelares.
Calvo dijo que es un caso bastante complejo que involucra elementos penales y administrativos y hay que dejarlos claro a la juez y a los imputados.
“No hay absolutamente ningún riesgo en el proceso por el hecho de que los sospechosos se mantengan en las celdas a la espera de las medidas cautelares porque es una causa de crimen organizado, de esta manera tendrían plazo de 96 horas a partir de la puesta de conocimiento del Juzgado Penal”, explicó.
Entre los 30 detenidos por presunto pago de sobornos para obtener beneficios en contratos públicos figuran los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, de las empresas Meco y Solís, respectivamente.
A ellos se les suman 14 funcionarios, 13 de ellos del Conavi, asi como ingenieros y representantes legales de las empresas vinculadas.
Se les investiga por los presuntos delitos de: tráfico de influencias, cohecho propio, estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso por una desviación de unos ¢78.000 millones.
Los riesgos que motivarían a la Fiscalía a pedir medidas cautelares contra los sospechosos, mientras se desarrolla la investigación están: el peligro de fuga, peligro de obstaculización del proceso investigativo y peligro de continuidad delictiva.
Este miércoles por la noche, la jueza Carolina Lizano, del Juzgado Penal de Hacienda sugirió a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, acelerar el paso en la presentación de hechos relacionados a los actos de presunta corrupción con contratos de obra pública.
Y aunque la solicitud fue vista con buenos ojos por parte de los abogados defensores, el fiscal Glen Calvo aseguró este jueves que no hay ninguna orden al respecto; e incluso, informó de que esta misma mañana el Juzgado aclaró que no se le ha limitado el tiempo ni a la Fiscalía ni a las partes involucradas.
De acuerdo con el especialista, todo se debió a una mala interpretación que se ha hecho por parte de algunas personas.
“Realmente no existe una orden; en este tipo de medidas hay una juez de garantías que avala el tiempo para todos. Limitar el tiempo de una exposición vendría a ser perjudicial para el derecho de defensa más que todo de los señores imputados”, detalló.
Calvo insistió en la complejidad del caso pues afirma que no solo involucra elementos penales sino también administrativos por lo que debe dejarse claro no solo ante el juez, sino ante los imputados, cuál es la tesis de la Fiscalía.
Acerca de las medidas que solicitará el Ministerio Público, el fiscal recalcó que esto se comunicará posteriormente a que se dé una resolución para no afectar el proceso.
“Para la solicitud de medidas hay dos partes específicas; una que se llama indicio comprobado, que son los hechos por los cuales se trae a los imputados y lo segundo, son los peligros procesales. En este momento, estamos en el indicio comprobado”, subrayó el profesional, quien espera que la participación de la Fiscalía termine hoy mismo.
Buenos ojos
Por su parte, los abogados defensores de los imputados vieron con buenos ojos la sugerencia de la jueza Carolina Lizano.
Erick Ramos, defensor del presidente de Constructora Meco, Carlos Cerdas, dijo que Lizano actuó conforme a la ley y ha establecido un plazo para resolver la situación de los imputados.
Mientras, Juan Marcos Rivero, abogado de Mélida Solís, de Constructora H Solís, manifestó que todavía no sabe cuánto tiempo falta.
“Lo que sí parece cierto es que hoy tiene que terminar el Ministerio Público su presentación porque así lo dijo la señora jueza, quien preside la audiencia, en el sentido de que ya el tiempo que tenían para exponer está llegando a su fin”, apuntó.
Movimiento de médicos
Entretanto, a eso de las 10:30 de la mañana, uno de los abogados defensores tuvo que ser atendido por los servicios médicos de la Corte, pues sufrió una descompensación, producto de un altercado.
Al parecer, uno de los policías se ubicó en el espacio entre un denunciado y su defensor, lo cual provocó la molestia del especialista.
“Ellos estaban rodeando al abogado y a uno de sus defendidos y viendo en la pantalla lo que conversan en la intimidad del foro cliente-abogado. Eso suscitó una reacción en el sentido de que no debe ser porque lo que conversa el abogado con su cliente es sagrado”, apuntó Juan Marcos Rivero, testigo de la situación.
Colaboraron con esta información Mercedes Agüero y Luis Álvarez, periodistas.
