El abogado Francisco Campos Aguilar, quien representa a las empresas constructoras Meco y HSolís en la investigación que se les sigue por presunta corrupción en contratos de obra pública, negó cualquier tipo de conflicto de interés por ser esposo de la fiscal general, Emilia Navas Aparicio.
En declaraciones a Costa Rica Noticias, el litigante respondió así a los cuestionamientos de un posible conflicto de interés al ser el abogado defensor de un caso de aparente corrupción que investiga el Ministerio Público, dirigido por la fiscal general.
“Yo tanto con MECO como con HSolís tengo una trayectoria de muchísimos años, 20 años de ser abogado de ellos, lo mismo que con Javier Chaves de Aldesa, y no voy a dejar botados a mis clientes porque Emilia ocupa un cargo”, refutó.
Entre los detenidos por presunto pago de sobornos para obtener beneficios en contratos públicos figuran los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, de las empresas Meco y Solís, respectivamente.
La investigación denominada el caso cochinilla involucró un megaoperativo poliocial en el cual se hicieron más de 57 allanamientos, se decomisó gran cantidad de pruebas y se detuvo a una treintena de personas entre empresarios, empleados de las constructoras y funcionarios públicos, en su mayoría del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
De acuerdo con el OIJ los funcionarios públicos habrían recibido favores sexuales, dinero y vehículos todo terreno como recompensa por los beneficios otorgados a las constructoras en adjudicaciones de obras viales.
Todos los detenidos se encuentran en las celdas de los Tribunales de Justicia en Goicoechea a la espera de las audiencias para determinar si se les impone o no medidas cautelares y de qué tipo. La jueza Carolina Lizano está a cargo del proceso.
El abogado Francisco Campos añadió que tiene más de 33 años de ser abogado y ha participado en los casos más grandes que ha habido en este país: compensación social, fondo de emergencia, Banco Anglo, Caja Fischel y muchos otros; todo esto mucho antes de que Emilia (Navas) fuera fiscal general.
“Ella prácticamente desde que nos graduamos ha sido fiscal y nunca ha habido ningún conflicto de intereses. Cuando la Corte la nombró sabía quién era yo y sabía en que casos participo y no voy a dejar botados a mis clientes”, insistió.
De acuerdo con Campos, cada vez que hay un caso que en el cual él asume la defensa, la fiscal activa un protocolo en el cual ella se excusa de participar o conocer detalles del caso.
Para el abogado penalista prueba más irrefutable de que no existe ningún tráfico de influencias ni ningún tipo de información privilegiada es que hoy sus clientes se están viendo en este proceso, al igual que ocurrió con Javier Chaves de Aldesa.
Aunque la investigación del caso Cochinilla por aparente corrupción en contrataciones de obra pública la dirige la fiscalía Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, el Ministerio Público informó que la fiscal general presentó una inhibitoria de participación en el caso.
Colaboró con esta información: Mercedes Agüero Rojas, periodista.
