El crédito para financiar la creación y operación del Fondo Nacional de Avales y Garantías se discutirá esta tarde en el Congreso.
Luego de concluir el análisis de las últimas mociones al contrato, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios enviaron al plenario el proyecto que ocupa el primer lugar de la orden del día para ser votado en primer debate.
De acuerdo con la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios, la importancia de este crédito radica en que los recursos servirán para la reactivación económica para las empresas afectadas por la pandemia.
Según Delgado, el Fondo de Avales pretende que todas aquellas personas físicas o jurídicas que tienen actividades productivas de aquellos sectores económicos que han sido afectados por el Covid-19 puedan tener acceso a estos recursos por la carencia de liquidez y una ausencia de garantías.
“Este aval les va a permitir obtener los créditos respectivos para poder generar esa reactivación económica con un flujo importante para las empresas y que tendrá como consecuencia directa y positiva la sostenibilidad de los empleos y así generar una cadena de reactivación económica”, expuso la presidenta de Hacendarios.
En total, el financiamiento sería por $600 millones. La mitad corresponde a un crédito con el Banco Mundial y los otros $300 millones se obtendrán mediante un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE.
Delgado explicó que la comisión aprobó una moción para garantizar que el 90% de los recursos provenientes del BCIE serán dirigidos al proyecto del Fondo de Avales, mientras que el 10% restante se destinará a pagar la deuda de la Caja Costarricense de Seguro Social.
“Es importante señalar que dentro de este expediente donde se tramita el crédito del BCIE, el 90% va dirigido al Fondo de Avales, un proyecto que es para la reactivación económica y que es urgente y necesario poder sacarlo cuanto antes de la Comisión de Asuntos Hacendarios”, expresó la congresista.
Cabe señalar que dicho crédito deberá ser aprobado en el plenario antes del 15 de junio, pues si los diputados no dan el aval antes de esa fecha, se perderían los recursos.
Colaboró en esta información Melanie Corrales, periodista.
