El Arbitraje Internacional iniciado en 2014 contra Costa Rica, por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd debido al cierre del proyecto minero Crucitas, fue resuelto a favor del Estado costarricense que no deberá pagar los $400 millones de indemnización al inversionista.
Así lo informó la mañana de este viernes la presidencia de la República.
El caso, ventilado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) fue planteado por Infinito Gold Ltd (conocido como Industrias Infinito) con base en el acuerdo entre el gobierno de Costa Rica y su homólogo de Canadá para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, cuando se le canceló a la empresa, la concesión del proyecto minero Crucitas.
Fallo o laudo arbitral determinó que:
1-Costa Rica no le denegó justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso, y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias.
Agrega el documento que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente; pero, al tomar esa decisión, se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación.
2- Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y razonabilidad que la Administración Pública debe respetarle a todos los Administrados, incluyendo los inversionistas.
3- A pesar de lo anterior, Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y, por ende, no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización.
Caso complejo
Precisamente sobre este mismo tema, el Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano, destacó que “este ha sido, posiblemente, el caso más complejo enfrentado por Costa Rica en materia de arbitraje de inversión internacional”.
El jerarca dijo que el esfuerzo ha sido enorme y evidencia que los tratados de inversión y la seguridad jurídica que otorgan, son sumamente importantes para defender los intereses nacionales.
¨Las garantías al debido proceso que la legislación costarricense otorga a nacionales y extranjeros por igual, se aplican con efectividad”, según dijo.
Asimismo, la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, indicó que “el tribunal de arbitraje internacional reconoció que es legítimo que el país se declarara libre de la minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente”.
