Este miércoles el Tribunal Penal absolvió por duda a Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith del presunto delito de tráfico de influencias por el que se les investigó.

Además, los jueces ordenaron investigar a la fiscal Natalia Rojas, quien declaró como testigo de la fiscalía, por aparente falso testimonio.

“Las cuatro semanas más difíciles de mi vida, pero Dios es justo, Dios es grande y hemos salido adelante”, dijo el alcalde josefino quien añadió que es conveniente que se investigue a la fiscala Natalia Rojas.


Los testimonios de la periodista de la oficina de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, y de la fiscala Natalia Rojas, contrastado con la prueba documental fue clave para que los jueces determinarán qué hay falencias en los testimonios ofrecidos de estas personas y que era donde se centraba la acusación de la fiscalía.

Los jueces ordenaron investigar a la fiscal Rojas ya que en su declaración, presuntamente, no se ajustó a la verdad para salvaguardar su propio retraso en la resolución de la causa en la que Johnny Araya había sido denunciado en el 2012.

“El Tribunal duda de la coherencia y fiabilidad del relato de Tatiana Vargas ya que prueba objetiva permitió descartar la base central de su relato, sea la llamada entre Justo Pastor, asesor de la Fiscalía y Johnny Araya, dato que del registro de llamadas entre ambos se tiene que nunca existió en el periodo señalado”, dijo la jueza Ivania Delgado.

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A Araya, junto con la exfiscala adjunta, Berenice Smith, y el exmagistrado y exsubjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa, se les investigó por el delito de tráfico de influencias por, supuestamente, haber desvirtuado la información de que Araya figuraba como imputado en una causa penal, previo a las elecciones municipales del 2016.

El exmagistrado Celso Gamboa, por su parte, calificó como “muy grave que el Ministerio Público ofrezca testigos que vengan a mentir”.

Mientras, Francisco Dall’Anesse, abogado defensor de Berenice Smith, manifestó que esta fue una causa injusta que llevó a su defendida a “perder la salud, su jubilación, todos sus derechos, su honra y su imagen y alguien va a tener que pagar eso. Eso sí se lo garantizo”.

Además, el Tribunal declaró sin lugar la denuncia civil planteada por la Procuraduría General de la República.

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