Fiscal justifica petitoria de pena alternativa en juicio contra Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith

La abogada Natalia Gamboa, defensora de Celso Gamboa, presenta las conclusiones. Foto: Andrés Ortíz.

Una reforma al Código Penal aprobada en el 2014 permite que se pueda dictar el seguimiento electrónico a personas que son condenadas a penas menores a 6 años de cárcel.

Con base en esa reforma, la fiscalía general ordenó desde el 2019 que sus fiscales siempre valoren si es factible o no la sustitución de la pena.

Así justificó el fiscal José Pablo Miranda porqué en la petitoria hecha por la fiscalía en el juicio contra de Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya se sugirieron penas alternativas en caso de que se acoja la solicitud hecha por el ente acusador.

La fiscalía pidió al tribunal que se imponga la pena de 5 años de cárcel para cada uno de los investigados por el presunto delito de tráfico de influencias.

VEA: Fiscalía pide cinco años de cárcel para Johnny Araya, Celso Gamboa y Berenice Smith por supuesto tráfico de influencias

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El Ministerio Público les atribuye haber desvirtuado la información de que Araya figuraba como persona imputada en una causa penal. Todos han rechazado los cargos en múltiples ocasiones.

Sin embargo, en esa misma solicitud, argumentaron que de acogerse sus pretensiones, no se opondría si el tribunal decide sustituir la sanción de cárcel por la de seguimiento electrónico con tobillera.

“El Ministerio Público ha analizado las condiciones objetivas de los imputados, ha analizado las condiciones concretas y con respecto a la posible sustitución de la pena, considera que no existen razones para oponerse a la misma en el caso de que el tribunal llegue a poder determinar, y esto si es una cosa que le corresponde establecer a este tribunal y a la defensa demostrar, que se cumplen con los requisitos objetivos para el beneficio de la sustitución”, dijo el fiscal José Pablo Miranda este martes.

Estos requisitos son, por ejemplo, tener un domicilio claro y establecer rutas de salida de trabajo, que sea la primera condena y no se trate de delitos violentos.


De acuerdo con Miranda, los jueces tienen la obligación positiva de referirse a este supuesto y de no hacerlo existe la posibilidad de que pueda anularse el juicio, por ese riesgo procesal es que la fiscalía lo valora.

El miércoles, en su sesión de conclusiones los abogados defensores del alcalde josefino pidieron que se declare sin lugar la demanda penal y la acción civil planteada contra Araya.

Mientras que este jueves le tocó el turno de las conclusiones a la defensa del exmagistrado Celso Gamboa que también solicitó declarar sin lugar la demanda penal y civil.

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