758 entidades educativas tienen orden sanitaria; 80 no podrán abrir por daños serios en la infraestructura

Un total de 758 centros educativos cuentan con órdenes sanitarias, a menos de una semana de empezar las clases. De ellos, 80 se encuentran en condición roja, es decir, sus problemas de infraestructura son tan grandes que tienen orden de cierre definitivo.

Estos centros básicamente necesitan ser reconstruidos totalmente.

De los restantes, 438 se encuentran en categoría amarilla y 18 requieren de intervención rápida. Aún están pendientes por clasificar 222 órdenes sanitarias pues requieren la visita e inspección en el sitio.

Si bien al mes de enero se reportaron 36 centros educativos con problemas de acceso al agua, requisito indispensable para el uso de las instalaciones, el MEP aún no informa cuántos centros educativos no podrán recibir estudiantes la próxima semana, empiece el ciclo lectivo.

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Para lograr que los centros educativos en categoría roja sigan dando clases se optó por alquilar inmuebles a terceros.

La directora de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, Catalina Salas, aseguró que durante esta y la próxima semana estarán trabajando en el mantenimiento de los centros educativos que se puedan restaurar antes del inicio de las lecciones.

Falta de presupuesto

Además del tiempo de ejecución para solventar por completo las fallas, Salas afirma que se trata de un asunto presupuestario lo que les impide realizar una intervención mayor en los centros educativos.

Por otra parte, las instituciones con órdenes sanitarias menores pueden ser intervenidas por medio de las Juntas de Educación. Desde el año anterior se agilizó el proceso para la contratación por parte de mismas Juntas.

La guía de trabajos menores abre camino a las juntas para ejecutar todas aquellas construcciones que no requieran de un profesional que supervise las obra. Este es el caso de: cambio de techos, canoas, mantenimiento de tuberías, paredes que no sean estructurales, entre otros. En su mayoría estas obras corresponden a centro educativo en categoría amarilla.

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“¿Cuál es el problema que tenemos para poder atender esos casos en amarillo? Es poderlos financiar. Porque el recorte en el presupuesto tanto del año pasado como del 2021 fue muy fuerte. De ahí la creación de las categorías de semáforo, para priorizar qué proyectos podremos financiar”, afirmó Salas.

La DIE junto al viceministerio de Planificación analizaron a 250 juntas en el 2020, de las cuales a la fecha se han ejecutado muy poco de sus presupuestos, a pesar de las advertencias de ambos ministerios.

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