Los débiles mecanismos de control a la que están sujetas las juntas de educación significan riesgos en materia de transparencia, rendición de cuentas y prevención de la corrupción, convirtiendo su administración en una especie de “caja negra”.

Así lo advirtió la Contraloría General de La República en un informe publicado el miércoles sobre el desempeño de 4.554 de esas organizaciones.

El ente contralor menciona que la forma en la que se gestionan las juntas es riesgosa para la Hacienda Pública, principalmente, por la imposibilidad de seguir los recursos que se les brinda.

Actualmente sólo es posible conocer con exactitud los fondos que se transfieren desde el Gobierno Central, y de estos, no se tiene claridad sobre el monto finalmente presupuestado y ejecutado.

Las juntas de educación están integradas por ciudadanos que trabajan “ad honorem”, reciben directrices del Ministerio de Educación Pública, pero los nombramientos y destituciones de sus miembros son competencia de los Gobiernos Locales, lo que incrementa los riesgos y aumenta las debilidades de control y ejecución de sus responsabilidades.

“Gran parte de las funciones asignadas a estas juntas sobrepasan sus capacidades administrativas como en el tema de transporte estudiantil, comedores escolares, o infraestructura educativa. Y esto ha sido producto del exceso en la capacidad delegativa del Ministerio de Educación Pública, afirma Manuel Corrales, gerente del Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la CGR.

Las juntas reciben recursos de diferentes fuentes. Solo del Presupuesto de la República, en 2019 percibieron transferencias por ¢289.530 millones.

Al respecto, la Contraloría encontró fuertes debilidades en el control de cuentas bancarias, luego del análisis del presupuesto asignado en el 2018 a 1.441 Juntas.

Las Juntas de Educación tiene a cargo funciones primordiales como los comedores escolares y el mantenimiento de los inmuebles. Foto: Archivo.

Las cuentas bancarias son otro punto álgido. Al mes de junio del 2019 había 10.634 cuentas comerciales a nombre de juntas, de las cuales 989 tenían estado: ‘cerrada o inactiva’. A junio del 2019 estas cuentas registraban, en conjunto, un saldo de alrededor de ¢146 millones sin control o monitoreo.

El informe señala 42 casos con más de cinco cuentas registradas; inclusive, se determinó que una sola junta tiene 57 cuentas bancarias.

Por su parte, Karol Zúñiga, jefa del  Departamento de juntas del MEP, calificó de “innegable” el retraso en la definición de procesos de control y gestión de las juntas, pero se justificó en el trabajo de reforzamiento que realiza con las juntas desde el 2019. Esto, afirma, no fue tomado en consideración por la Contraloría.

Añadió que actualmente trabajan en el control de las cuentas, y estima que para el primer semestre del 2021 las juntas deberán de utilizar la herramienta integrada de compras públicas, lo que les permitirá tener más control sobre los dineros entregados.

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