El Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) calificó como violencia patrimonial que las madres que reciben una pensión alimentaria deban justificar los gastos de ese dinero con facturas.

Un proyecto de ley bajo el expediente 21.702, presentado por el diputado independiente Harllan Hoepelman, propone reformar el artículo 171 del Código de Familia.

El texto señala que la persona que paga la pensión, el niño mayor de 12 años o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pueda solicitar hasta una vez al año, facturas que justifiquen el uso de los recursos y llevar a la vía judicial cualquier diferencia, con lo que la administración de los recursos podría otorgarse a un tercero, como un familiar cercano o un “garante”.

En nuestro país existen 189.927 expedientes de pensiones alimentarias activos, con un monto promedio de ₡102.671 por caso, no por persona beneficiaria, esto de acuerdo con datos del Observatorio de Género del Poder Judicial.

“Podría representar un ejercicio de violencia patrimonial porque los montos de pensiones alimentarias, si es que se llegan a pagar, resultan insuficientes. La carga no solo de las tareas domésticas no remuneradas recae sobre la mujer que tiene a cargo los niños y niñas, sino que, además tiene que buscar el dinero adicional cuando esa pensión alimentaria no se paga o no es suficiente y, además, guardar absolutamente todos los recibos cuando son necesidades lógicas y básicas como la alimentación, la vestimenta, la recreación”, explicó  Amanda Segura, asesora de Despacho del Inamu.

Según la funcionaria la propuesta es un mecanismo de control para saber exactamente qué compra, dónde y a que lugares acude la mujer a hacer este tipo de compras.

Por su parte, el legislador Harllan Hoepelman, comentó que la iniciativa solo pretende una rendición de cuentas y con ello proteger al menor de edad.  

“Esta rendición de cuentas busca proteger el interés superior del niño, de la persona menor que recibe este beneficio, pero que existe una sospecha de que dicha pensión alimentaria no está siendo administrada de forma correcta. El proyecto busca proteger a la parte más vulnerable, en este caso los niños como lo hacen los países de Uruguay y Panamá”, aseguró.

El Inamu también indicó que de aprobarse el proyecto, su aplicación se dificultaría puesto que las madres realizan compras en comercios como pulperías que se encuentran en el régimen simplificado por lo que no están obligados a emitir facturas

Además, agregó que ya hay formas de judicializar los casos donde los dineros de la pensión alimentaria no se utilicen adecuadamente.

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