Severo impacto ambiental y social en Crucitas: el saldo por la fiebre del oro

Para que el oro extraído de las entrañas de la tierra costarricense llegue a mercados internacionales, la fica Vivoyet y otras 19 fincas en Cutris de San Carlos sufren un severo impacto, día a día.

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Nos retomamos al año 2010, año en el que la empresa minera prometía lo que iba a ser el proyecto en Crucitas y a pocos meses del juicio que marcaría el antes y el después en Cutris de San Carlos.

Finca Vivoyet en Crucitas, Octubre 2010

10 años después, el ojo humano puede identificar apenas superficialmente lo que el daño ambiental significa, sin embargo, esos huecos o túneles creados por los coligalleros, son apenas el inicio de una gran contaminación.

Un recurso de amparo presentado por Henry Picado, Presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y el abogado ambientalista Alvaro Sagot, señala cuatro posibles daños ambientales ocasionados en Crucitas y sus alrededores.

  1. Contaminación con mercurio
  2. Tala Ilegal
  3. Contaminación de suelos y de fuentes de aguas superficiales
  4. Contaminación transfronteriza con mercurio en ríos que desembocan al Río San Juan.

Lo que inició como un trabajo clandestino de los mineros artesanales llamados “coligalleros”, con pico y pala, se convirtió rápidamente en “minería mecanizada”. Equipo agrícola se hace camino para cavar túneles y perforar más grandes los huecos de donde extraen la “saprolita” es decir, la tierra que contiene el tan preciado mineral.

Un reciente informe del Organismo de Investigación Judicial de mayo 2020, señala:

 “Inicialmente estos inmigrantes llamados coligalleros, realizaban de manera independiente pequeños agujeros en el suelo sin embargo, en la actualidad se han aliado a distintos empresarios de la zona quienes ahora contratan inmigrantes y con ayuda de maquinaria agrícola, realizan extensos túneles, todo esto sin permiso o concesión brindado por la autoridad correspondiente, cometiendo así el delito penal de infracción al Código de Minería, causando además un daño irreparable al ecosistema con utilizar químicos y talar árboles necesarios para la realización de estos túneles y la extracción de oro y plata”.

Maquinaria de bombeo, Crucitas

La Dirección de Geología y Minas estimó a diciembre del 2018 que el área afectada era de 45.11 hectáreas. Sin embargo, a la finca Vivoyet se le suma minería sobre otras 19 fincas aledañas. Hoy el daño causado por la minería ilegal abarca entre 50 y 100 hectáreas. 

Esto equivale a una vez y media el área del Parque Metropolitano La Sabana.

Para reforzar los huecos y túneles cavados, los mineros utilizan mucha de la madera de los árboles talados, sin embargo, el mismo informe del OIJ es claro en indicar, que la tala de árboles también es parte de un negocio redondo, que trasciende nuestras fronteras.

“Esta madera está siendo comercializada ilegalmente en Nicaragua, donde se identificó varios sujetos dedicados a sacar de estas fincas madera, transportarla y comercializarla en la frontera con Nicaragua, donde se tiene acceso vehicular, lugar donde la cortan y la trasladan para venderla en el interior de ese país”

Tala de arboles en Crucitas, 2019

Un informe de marzo del 2018 de la Dirección de Geología y Minas (DGM) detalló que entre el 21 de marzo del 2017 al 9 de febrero del 2018, los “coligalleros” extrajeron 148.139,15 onzas de oro, para lograr esa cantidad, removieron con elevados factores de contaminación 460.764,27 toneladas de tierra, roca y otros materiales.

Mucho de este material fue procesado allí mismo, utilizando mercurio, elemento que se usa para separar el oro del resto de materiales.

El mercurio es altamente contaminante para las personas y para el medio ambiente. Este proceso es el utilizado en Crucitas, Allan Astorga geólogo, plantea en su estudio de febrero del 2019, que, para extraer un gramo de oro, se necesita al menos una tonelada de tierra y para separar un gramo de oro, se ocupan 14 gramos de mercurio.

Por esa razón, es que los ambientalistas están firmes en denunciar que todas estas zonas impactadas tienen residuos importantes de ese elemento.

El estudio de La Dirección de Geología y Minas señaló que “se puede ver que hay excavaciones en las zonas donde hay cuerpos de agua; pero no se conocen los límites originales de dichos cuerpos, por falta de estudios y registros previos”. 

Sin embargo, aseguran que hay 35 cuerpos de agua contaminados por minería.

Los ambientalistas creen que por medio de la lluvia estos residuos pudieron haber llegado a los ríos y quebradas cercanos, muchos de ellos desembocan en el Río San Juan y el temor es que la contaminación con mercurio haya llegado hasta ese límite natural.

El informe del MINAE de noviembre del 2019, es claro en una de sus recomendaciones. 

“Hasta tanto no se concluya con la actividad minera ilegal, existe el riesgo de incrementar el deterioro de los cuerpos de agua” detalla el informe.

Daño social

Crucitas, no solo se ha convertido en foco de contaminación, sino que abrió la caja de pandora para combinar otros delitos.

Un reciente informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con fecha de mayo del 2020, enviado a la Sala Constitucional como respuesta a un recurso de amparo. El OIJ da a conocer el impacto delictivo que crece como la maleza en Cutris de San Carlos, delitos estrechamente vinculados a la actividad minera ilegal.

  1. Explotación ilegal de material.
  2. Trata de personas con fines laborales
  3. Azogue forestal
  4. Tráfico de mercurio
  5. Tráfico de armas de fuego (provenientes de Nicaragua)
  6. Enriquecimiento ilícito “tráfico internacional de oro”
  7. Corrupción de funcionarios públicos
  8. Legitimación de capitales
  9. Evasión de impuestos

Muchos de los extranjeros son víctimas del delito de trata de personas, de acuerdo con el informe judicial, grupos de costarricenses utilizan vehículos para transportarlos desde distintas zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua hasta llevarlos a campamentos conocidos como “Champas” donde los hospedan y alimentan, para luego hacerlos trabajar extrayendo el oro.

Operativos del Ministerio de Seguridad

El pago para estas personas según el OIJ es parte del mineral extraído, una parte se la dejan los transportistas y otra parte los dueños de los hospedajes.

El OIJ es claro en este hecho, hay participación de funcionarios públicos, quienes reciben pagos, ya sea de los “coligalleros”, de los transportistas o de los dueños de las “Champas” para así evitar inconvenientes en sus operaciones clandestinas.

Los operativos “Lapa” 1-2-3 desarrollados en enero, marzo y julio del 2019 por el Ministerio de Seguridad, en conjunto con otras entidades como la Fiscalía de San Carlos, la Policía de Migración, el Patronato Nacional de la Infancia entre otros identificó muchos de los delitos resaltados por el OIJ.

La fiebre por conseguir oro se combina en muchos de los casos con droga, licor y armas.

El OIJ determinó que algunos de los extranjeros que ingresan al país de manera irregular portan armas de fuego.

El año anterior el Ministerio de Seguridad identificó a 1.061 personas, encontradas dentro de Crucitas, 963 remitidas a migración, 11 menores de edad en estado de vulnerabilidad fueron remitidos al PANI.

El OIJ resaltó el pago a funcionarios públicos para evitar acciones que los comprometan, pero además en audios extraídos de grupos de mensajería virtual queda demostrado como en la zona se organizan para conocer los movimientos policiales.

“COMPAÑEROS, PICK UP DE POLICÍAS PASANDO POR ACÁ EN LLANO VERDE, VA RUMBO HACIA JOCOTE”

Audio de WhatsApp

“VA LA ROTULADA, LA NO ROTULADA VA PARA CRUCITAS Y LA OTRA VA PARA LLANO VERDE, LA PICK UP”

Audio de WhatsApp

“OK COMPAÑEROS, PASANDO LA LAND CRUISER DEL PUEBLO DE COOPEVEGA, AQUÍ POR EL CEMENTERIO DE SAN GERARDO HACIA COOPEVEGA”

Audio de WhatsApp

“PARA QUE TENGAN CUIDADO POR AQUÍ, QUE ANDEN HACIENDO UN “CHORICITO” RARO AHÍ ADENTRO, COMO UN AMIGO POR AHÍ”

Audio de WhatsApp

La Fiscalía Adjunta de San Carlos contabiliza entre el 2017 y el 2020, 318 causas relacionadas con delitos mineros y a la fecha otras 32 se encuentran bajo investigación.

De estas, 72 personas fueron condenadas por extracción ilegal de material y por tráfico ilícito de residuos (Mercurio).

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