Roxana Villalta, nombre ficticio para proteger la identidad, recuerda el día que el mundo se le desmonoró.
Fue en el Hospital México, a los 39 años, cuando el doctor le dijo que no podía tener hijos porque sus óvulos ya no tenían la misma calidad.
“Yo corrí porque cuando me dijeron ya usted no puede por sus propios óvulos. Subimos las escaleras en cuestión de segundos, yo le tocaba y le tocaba la puerta a la psicóloga. Ella nos atendió, pero si no hubiera sido por la ayuda de ella, no hubiera podido”, cuenta Roxana, mientras los ojos le brillan.
Roxana tiene 40 años y su esposo, Mario Rojas, tiene 36. En el 2014 acudieron por primera vez a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para acceder a un tratamiento de fertilidad asistida que les permita cumplir el sueño de ser padres.
La pareja recurrió al Ebais de Parismina, Limón en el 2014. En el 2015, fueron referidos a Ginecología en el Hospital Calderón Guardia donde transcurrieron 4 años entre citas, exámenes médicos, valoraciones y tratamientos, sin éxito.
En el 2019, aprovecharon el cambio de residencia para pedir que trasladaran su caso a valoración en el Hospital México.
Finalmente, en el Hospital México, a Roxana le indicaron que su reserva ovárica era escasa; además, que su esposo, tenía una baja cantidad de espermatozoides que les dificultaba ser padres.
Debido a la complejidad del caso, la pareja fue referida a la Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad (UMRAC) de la CCSS este año.
Actualmente, la pareja está en lista de espera para recibir una óvulo donación que les permita cumplir el sueño de ser padres.
Trabas y secuelas
En Costa Rica, la FIV se implementó por parte de la Caja desde 1995 hasta el 2000.
El 15 de marzo del 2000, la Sala Constitucional emitió una resolución contra esta técnica y alegó que atentaba contra la vida humana.
Nueve parejas elevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues se les violaba el derechos de ser padres.
El caso escaló y en el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió la sentencia Artavia Murillo, en la que consideró que Costa Rica afectaba el derecho de ser padres a las parejas que querían acceder a la técnica.
El proceso para la reanudación de la técnica por parte de la CCSS tomó seis años más, entre discusiones políticas, decretos y normas que permitieran aplicar la FIV de nuevo.
La Unidad de Medicina Reproductiva de Alta Complejidad de la Caja Costarricense de Seguro Social fue inaugurada el 17 de julio del 2019, desde entonces las parejas tienen acceso a esta técnica y otros tipos de procedimientos de fertilidad asistida.
Vea el reportaje aquí: I PARTE
