El pasado 9 de julio la alcaldesa de San Marcos de Tarrazú estuvo envuelta en una polémica, tras darse a conocer que impidió la permanencia de tres hombres habitantes de la calle que llegaron desde San José al cantón con el objetivo de buscar una oportunidad laboral en las cogidas de café.

Según se señaló en un recurso de hábeas corpus presentado a favor de los tres hombres, la alcaldesa solicitó la intervención de la Fuerza Pública para expulsarlos del cantón sin razón alguna y por eso, los magistrados de la Sala Constitucional resolvieron a favor de los amparados argumentando que se violentó su libertad de tránsito y dignidad.

Según trascendió, antes de sacarlos del cantón, las autoridades locales les explicaron a los hombres que la temporada de cosecha iniciaba hasta octubre y posteriormente la alcaldesa les compró el tiquete de regreso a San José y coordinó con la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito para que escoltaran el autobús hasta el sector de El Empalme. Además, se colocó una cinta amarilla para separar a los ciudadanos del resto de pasajeros, pese a que ninguno tenía síntomas de covid-19 o algún otro malestar de salud.

En la sentencia de este miércoles 26 de agosto, el Tribunal concluyó que el accionar de los recurridos fue desproporcionado y lesionó la libertad de tránsito y la dignidad de los tutelados, quienes se encontraban en unas circunstancias manifiestamente desfavorables desde el ángulo socioeconómico.

En ese sentido, la Sala afirmó: “No se encuentra razón que justificara que las autoridades de tránsito y las de la fuerza pública desplegaran un operativo para asegurarse la salida de estas personas del territorio del cantón. Además, respecto del modo en que se hizo el abordaje al bus, señaló: “No había motivo alguno para tomar esta medida que tuvo como efecto segregar a los tutelados y, por ello, fue un acto de marginación, lesivo de la dignidad humana”.

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