Un proceso de fiscalización de la Contraloría General de la República evidenció que a pesar de los esfuerzos realizados por el Ministerio de Trabajo y el IMAS para diseñar el Bono Proteger, se requiere definir los objetivos específicos que contribuyan al alcance del proyecto.

Así como también fortalecer el monitoreo y la evaluación de la intervención pública mediante la definición de indicadores, metas, líneas base e instrumentos de evaluación. 

En cuanto a la plataforma tecnológica el estudio reveló que se requiere el establecimiento de acuerdos mínimos de niveles de servicio entre el Ministerio de Trabajo y la empresa desarrolladora, para garantizar la operación en tiempo de respuesta al usuario, y resolución de incidentes.

Ante dichos resultados, el Ministerio de Trabajo y el Instituto Mixto de Ayuda Social rechazaron que exista un riesgo en la seguridad de la información personal aportada por las personas solicitantes del bono proteger.

El Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Juan Luis Bermúdez argumentó que desde la emisión del decreto del Bono Proteger el país cuenta con un marco claro y transparente sobre el fin, objetivo, poblaciones beneficiarias y parámetros de priorización.

“El informe de la CGR debe ser entendido en el contexto de una emergencia nacional en la que hemos impulsado constantemente la mejora continua, pero en la que bajo el mismo principio de rigurosidad tampoco podemos obviar, como se lo hemos hecho saber formalmente a la Contraloría General de la República, todo lo que si se ha hecho bien en el diseño y ejecución del Bono Proteger, y que lo coloca como un programa sobresaliente en la región latinoamericana, y cuyo mayor impacto ha sido mantener la paz social en medio de la pandemia”, puntualizó.

La Contraloría General de la República está realizando 3 auditorías relacionadas con el Bono Proteger una que está vinculada con la gestión del bono, otra con la plataforma y una tercera con la eficacia del programa.

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