La jefa de formulación y modificación presupuestaria de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Karen Nájera Rodríguez, dio a conocer este sábado que la institución ha utilizado un total de 64.189 millones de colones del fondo de contingencia para la atención de la crisis que ha provocado el covid-19.
“Al 21 de agosto se tiene una ejecución del 75.5% del fondo, distribuyéndose la suma de ¢64.189 millones; se tiene un disponible de ¢20.810 millones. En este momento está en trámite un presupuesto extraordinario para reforzar este fondo en ¢40 mil millones adicionales para atender la emergencia”, explicó la funcionaria.
Según la entidad, los recursos se han invertido principalmente en:
- 54.9 por ciento para la compra de reactivos, pruebas de diagnóstico, batas, mascarillas, entre otros.
- 25.6 por ciento para la compra de ventiladores pulmonares, aspiradores, videolaringoscopios, monitores de signos, entre otros.
- 15.2 por ciento se ha destinado a remuneraciones, como el pago al personal que está atendiendo la pandemia en la atención de los diferentes servicios.
- 4.3 por ciento se ha dedicado a otros rubros básicamente en mantenimientos, subsidios, entre otros.
Al analizar los gastos de este fondo por mes, Najera explicó que “En abril se registra un monto de ¢30.534 millones asociados a la reconversión de CENARE a CEACO y las primeras compras importantes de equipos de protección. En julio también se refleja el esfuerzo de inversión por ¢17.600 millones de recursos en compras relacionadas a equipos, pruebas y reactivos para el COVID-19”.
Fondo de Contingencia
La Junta Directiva aprobó una reserva para contingencias en la sesión 8855 del 21 de julio de 2016 con la intención de proveer a la institución de recursos para la gestión de operaciones de respuesta y recuperación durante y después de un suceso, incidente o desastre.
Desde el 2016 se dispone de este Fondo que se ha venido utilizando para atender diversas emergencias como lo han sido: las inundaciones por el Huracán Otto, el Huracán Neith, inundaciones de infraestructura institucional y garantizar la continuidad de los servicios ante movimientos de huelga.
La fuente de financiamiento de estos recursos proviene de excedentes de periodo anteriores y de los ingresos corrientes, indicó Nájera Rodríguez.
