En total 27 personas, incluido un funcionario del ministerio de Hacienda, fueron detenidos este jueves por las autoridades judiciales como sospechosos de conformar presuntamente una organización dedicada a extraer ilegalmente oro en Crucitas (San Carlos), Corcovado (zona sur) y Abangares (Guanacaste) y exportarlo a Estados Unidos.
Los operativos se llevaron a cabo en fincas, casas, oficinas de empresas y lugares de extracción y procesamiento de material minero, ubicados en Heredia (San Isidro, Santo Domingo y Guararí), Montelimar de Goicoechea, San Pedro de Montes de Oca, Escazú, San Sebastián, Barrio Escalante, Pocosol, Coopevega, San Ramón, Abangares y Puerto Jiménez.
En los 32 allanamientos se decomisaron lingotes de oro, droga y dinero lo cual, según la fiscal general, Emilia Navas es prueba valiosa para la investigación.
La hipótesis de la Fiscalía es que los coligalleros nacionales y foráneos, extraín oro de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado.
Posteriormente, mineros locales del sector de Guanacaste lo procesaban y lo convertían en lingotes para luego lo exportarlo a Estados Unidos o trasladarlo clandestinamente a Nicaragua.
Según las investigaciones, esas actividades ilícitas condujeron al lavado de dinero. La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes reportó que, entre el 2018 y el 2020, el grupo criminal exportó oro a Estados Unidos por un monto aproximado de ¢2.000 millones.
Sin embargo, esa cifra fue fijada a partir de los valores consignados en los documentos aduaneros de exportación, a lo cual habría que sumar el precio final cancelado por los compradores en el país destino.
Hasta este momento, se confirma la detención de al menos 27 personas sospechosas de cometer distintas conductas, como delitos mineros, ambientales y legitimación de capitales.
Modos de operar
Las funciones identificadas a la organización, van desde la administración de fincas en Crucitas, la obtención del material sustraído en forma de sedimentos o procesado, venta del mismo, almacenamiento del oro en casas, y testaferros, hasta encargados de hacer informes contables y financieros, producto de la adquisición y venta del oro obtenido.
Se investigan cuantiosas ganancias producto de extracciones en Crucitas, Parque Nacional Corcovado y Abangares.
Otros integrantes se encargaban de financiar las compras de ese material a cambio de algún beneficio patrimonial y brindaban pruebas falsas de ventas de ganado, para que otros imputados pudieran justificar en los bancos las cantidades de dinero que recibían producto del lavado de este.
A otros de los detenidos se les atribuye el procesamiento del oro y exportación para empresas ligadas a esta organización criminal, las cuales sacaban del país el material en lingotes, por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
La exportación se hacía bajo la falsa justificación de que era oro chatarra.
Debido al cierre de fronteras y del aeropuerto Juan Santamaría, como medidas para mitigar la pandemia, el grupo modificó su actuar, teniendo que utilizar distintas empresas dedicadas al transporte de mercancía al exterior, para asegurar la continuidad de la exportación del oro y las actividades de legitimación de capitales.
Según la investigación dirigida por la Fiscalía, se detectaron miembros del grupo que asesoraban en materia financiera y contable a los encargados de estos roles, y se registró a uno de ellos en una sociedad que indicó, de manera falsa, dedicarse a la venta de oro chatarra.
También se descubrió la emisión de facturas falsas, para darle apariencia lícita al lavado de dinero que realizaba el grupo criminal.
Incluso, dentro de los investigados está un funcionario público de la Dirección de Grandes Contribuyentes de la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, al cual se le encargó el asesoramiento a otros miembros de la organización, para que pudieran ocultar la ilicitud de las transacciones a las autoridades de Hacienda.
Durante el proceso de investigación se comprobó que las sustancias químicas con las cuales los coligalleros extraían el oro, como mercurio y cianuro, eran enviadas hasta Crucitas, desde San José, por otros de los imputados.
La Fiscalía informó que no a todas las personas detenidas se les solicitará medidas cautelares, por atribuírseles conductas menos graves y por contar con arraigos procesales, sin embargo, estas quedarán en calidad de imputadas.
Ante eso analizará el caso particular de cada una de las personas para determinar a quienes se les solicitará medidas cautelares.
Preocupación por daño ambiental y situación social
La Fiscalía externó su preocupación por el problema social, económico, de salud pública y ambiental que rodea las zonas de Crucitas, Abangares y el Parque Nacional Corcovado.
Advirtió que la situación no terminará con las acciones llevadas a cabo.
Por lo que indicaron que es urgente que el problema sea abordado a la mayor brevedad y que desde la parte política se logre una solución permanente.
El caso se investiga bajo el número de expediente 19-004389-0042-PE.
